En los Presupuestos Generales del Estado para el 2023 los sueldos del Gobierno experimentarán un incremento del 4% respecto a lo que figuraba en el proyecto presentado hace un año.
Ante esta polémica medida -anuncio que se produce en un contexto de inflación e inestabilidad económica-, algunos políticos han defendido un sueldo digno de los políticos como factor clave para llegar a la igualdad.
"El sueldo de los políticos fue una gran conquista de la izquierda porque hasta entonces sólo los señoritos se podían dedicar a la política", explicaba el socialista Patxi López.
Diferencias de sueldos en el sector privado y público
Al hilo de esto, Edu Madina expone la desigualdad que existe en los salarios de los políticos según las administraciones y cargos: "El alcalde de mi ciudad, Bilbao, cobra más que el presidente de mi país". También ocurre que algunos jefes de gabinete de ministros que cobran más que sus jefes, los ministros.
Esto son "anomalías de un problema que ha ido creciendo según ha ido desarrollándose en España un sector privado más serio", dice mientras expone que algunos cargos del sector privado ganan el doble o más que altos cargos políticos.
Las auténticas puertas giratorias
En conclusión, Madina hace alusión a las "auténticas puertas giratorias" que suelen ser altos funcionarios del Estado que tienden a ser miembros de poderes ejecutivos, mientras los altos funcionarios de partidos llenan los poderes legislativos.
No parece razonable que el presidente del Gobierno cobre en torno a 90.000 euros brutos
Por su parte, Borja Sémper comparte este planteamiento y critica que nadie haya tenido " el valor para hacer un planteamiento profundo y serio sobre la remuneración de los representantes políticos".
Así, insiste en defender: "no parece razonable que el presidente del Gobierno cobre en torno a 90.000 euros brutos" y pide "sensatez y rigor" para solucionar este desequilibrio.
Posibles soluciones al problema
Sémper hace una reflexión sobre lo poco atractiva que es la actividad política y propone soluciones: buscar qué funcionario del Estado cobra más -probablemente el presidente del Tribunal Constitucional- e igualar su sueldo al del presidente del Gobierno. A partir de ahí, que se repartan jerárquicamente los sueldos del resto de políticos y funcionarios públicos.
