La agenda política española se intensifica ante los últimos acontecimientos que han sacudido el escenario nacional. En un contexto marcado por la presión judicial sobre varios cargos públicos y la creciente tensión institucional, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado una concentración en Madrid el próximo 8 de junio. El objetivo declarado de la convocatoria es "sacar la corrupción de La Moncloa", en palabras del propio Feijóo.
Según el líder del PP, la moción de censura contra el Ejecutivo no depende únicamente de su voluntad, que asegura tener, sino del respaldo de quienes hasta ahora han sostenido parlamentariamente al Gobierno de Pedro Sánchez. Mientras tanto, en el seno del PSOE crece el malestar ante las revelaciones que apuntan a posibles prácticas irregulares, y se comienza a hablar de una respuesta judicial en forma de querella criminal.
Un sector del Partido Socialista ha defendido que no es posible ignorar las acusaciones, calificadas de "muy graves", y que la única manera de preservar la credibilidad institucional es emprender acciones legales. Otros, sin embargo, han restado importancia al asunto, argumentando que no existen pruebas que vinculen formalmente al partido con los hechos que se han divulgado en ciertos medios.
A pesar del llamado del PP, los partidos que integran el bloque de investidura del Gobierno han descartado, por el momento, apoyar una moción de censura. No obstante, desde dentro del propio Consejo de Ministros se ha exigido al PSOE una respuesta más contundente ante los hechos conocidos.
Uno de los focos de atención se sitúa en Extremadura. Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE en la región, ha asumido su escándalo en el Congreso. Su llegada, marcada por la condición de aforado que le otorga como diputado, ha sido interpretada por la oposición como una maniobra para sortear su imputación judicial. Desde el PP se ha denunciado un "uso obsceno de las instituciones" por parte del socialista.
Gallardo, por su parte, ha defendido su posición con firmeza: "He venido para quedarme, para dar la batalla, sin complejos", declaró ante los medios.
La juez María Tardón ha ordenado el ingreso en prisión sin fianza del ex secretario del Estado de Interior, Francisco Martínez, por su implicación en el llamado caso del hacker conocido como Alcasec. En paralelo, la jueza Inmaculada Iglesias ha propuesto procesar a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos fiscales y uno de falsedad documental, causa que se tramita en el Tribunal Supremo.
Otro punto crítico es la situación de los menores inmigrantes no acompañados en Canarias. El Ejecutivo central ha admitido que aún no ha comenzado el proceso de traslado de los más de mil menores que solicitaron asilo, a pesar del mandato judicial. La razón alegada por el Gobierno es la falta de documentación necesaria para evaluar cada caso. Sin embargo, desde el Ejecutivo canario se desmiente esta versión, acusando a la Administración General del Estado de "dilatar los tiempos de ejecución".
En el ámbito internacional, un tribunal de apelaciones ha bloqueado recientemente los aranceles restaurados por Donald Trump. A esto se suma la decisión de un juez federal de mantener paralizada la orden del expresidente republicano que pretendía impedir la entrada de estudiantes extranjeros en Harvard. Durante la ceremonia de graduación, el rector de la universidad, Alan Garber, reafirmó el compromiso de la institución con la diversidad y la inclusión, en un discurso que fue seguido por unas 30.000 personas en Cambridge, Massachusetts.
La situación política nacional sigue evolucionando en medio de una creciente tensión social y mediática. La convocatoria del 8 de junio se perfila como un nuevo termómetro para medir la movilización ciudadana frente a la actual crisis de confianza institucional.
