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Veterinarios en pie de guerra: protestan contra la carga burocrática del nuevo registro de antibióticos

Tania Oncins, portavoz de la Federación Sindical Profesional Veterinaria, la normativa no solo no mejora la salud pública, sino que dificulta el trabajo de los profesionales.

ondacero.es

Madrid |

El año 2023 ha traído consigo la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023, una normativa que obliga a los veterinarios a registrar cada prescripción de antibióticos en el sistema informático central de control de prescripciones veterinarias, conocido como VET. Aunque en teoría esta medida busca combatir la resistencia antimicrobiana, su implementación ha generado un intenso debate entre los profesionales del sector, quienes consideran que la normativa impone una carga burocrática excesiva y limita su capacidad para tomar decisiones médicas adecuadas.

El sistema VET fue diseñado originalmente para monitorizar y vigilar el uso de antibióticos en explotaciones ganaderas, con el fin de adoptar medidas que permitan controlar su uso y reducir el riesgo de resistencia antimicrobiana. Sin embargo, su extensión a las clínicas de pequeños animales ha sido recibida con escepticismo por parte de los veterinarios. Según Tania Oncins, portavoz de la Federación Sindical Profesional Veterinaria, la normativa no solo no mejora la salud pública, sino que dificulta el trabajo de los profesionales.

Uno de los principales problemas que señalan los veterinarios es la excesiva burocracia que implica el registro de cada prescripción. "El hecho de tener que declarar cada antibiótico que utilizamos no hace más que impedirnos hacer bien nuestro trabajo", afirma Oncins. Esta sobrecarga administrativa no solo retrasa los tratamientos, sino que, en algunos casos, pone en riesgo la salud de los animales. Por ejemplo, en casos de patologías respiratorias, los veterinarios se ven obligados a esperar los resultados de pruebas como cultivos y antibiogramas antes de poder administrar el antibiótico adecuado, lo que prolonga el sufrimiento del animal.

Otro aspecto que ha generado malestar entre los veterinarios es la percepción de que la normativa cuestiona su profesionalidad y capacidad clínica. "Se pone en tela de juicio nuestra capacidad para prescribir los antibióticos que consideramos adecuados, basados en estudios clínicos y en nuestra experiencia", señala Oncins. Los veterinarios argumentan que su formación y experiencia les permiten tomar decisiones informadas sobre el tratamiento más efectivo para cada caso, sin necesidad de una regulación tan estricta.