El Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila investiga a varios trabajadores del centro penitenciario de Brieva por un posible delito de cohecho en relación con Ana Julia Quezada, la asesina confesa del niño Gabriel Cruz. Según las primeras diligencias, Quezada habría recibido un teléfono móvil a cambio de mantener relaciones sexuales con al menos un funcionario y un cocinero del centro. Con dicho dispositivo, la reclusa habría grabado encuentros íntimos con el objetivo de chantajear a la dirección del centro para obtener beneficios penitenciarios, incluyendo un posible traslado a otra prisión en Barcelona. La directora de la prisión, Laura Pérez, confirmó en un informe tener conocimiento de las grabaciones comprometedoras obtenidas por Quezada, en las que al parecer aparece un funcionario en su celda .
Las revelaciones se conocen apenas días antes de que Patricia Ramírez, madre del menor asesinado, convocara una rueda de prensa para denunciar públicamente una situación de desamparo y desprotección institucional y judicial. Ramírez lo califica como una “vulneración de derechos” en el marco del Estatuto de la Víctima y otras normativas europeas, y denuncia posibles irregularidades en la cárcel de Brieva que habrían afectado a la integridad moral de su familia.
Intento de documental
En junio del año pasado, Ramírez solicitó a la Audiencia de Almería que investigara el intento de Quezada de firmar un contrato con una productora audiovisual interesada en grabar un documental sobre el caso, presuntamente con el objetivo de venderlo a una plataforma como Netflix. La prisión denegó finalmente su participación tras detectar anomalías como el uso no autorizado de un teléfono móvil, lo que ahora cobra nueva relevancia con la investigación judicial en marcha.
La madre del menor llevó el asunto al Senado en junio de 2024, donde compareció de forma inédita ante la Comisión de Interior para exigir un pacto de Estado que regule la creación de contenidos del tipo true crime, especialmente cuando afectan a víctimas de delitos graves y sus familias.
Ramírez ha criticado duramente la posibilidad de que la asesina de su hijo obtenga ingresos económicos gracias a su historia, bien para pagar la responsabilidad civil de medio millón de euros impuesta por la justicia o para beneficiar a su entorno familiar. También ha manifestado su oposición a cualquier producto cultural, como libros o documentales, basados en entrevistas a criminales condenados, haciendo mención explícita al caso de José Bretón, condenado por el asesinato de sus hijos en Córdoba.
Ramírez pide expresamente a los medios de comunicación que eviten difundir detalles escabrosos del crimen de su hijo y apelará al respeto por las víctimas. Mientras tanto, la investigación continúa, y el Ministerio del Interior ya ha expresado su apoyo a la familia y se ha mostrado dispuesto a colaborar con la Justicia para depurar responsabilidades dentro de la prisión
