INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Entra en vigor el nuevo reglamento de Inteligencia Artificial en la UE: multas de hasta 35 millones de euros

Los proveedores deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y derechos de autor, según la Comisión Europea, a la hora de comercializar modelos GPAI en el mercado de la Unión Europea

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Aurora Molina

Madrid |

Las obligaciones de la Ley de Inteligencia Artificial (IA) entran en vigor este sábado para los proveedores de modelos de IA de uso general (GPAI, por sus siglas en inglés) en toda la Unión Europea, según ha informado la Comisión Europea.

El nuevo reglamento para el uso de la IA aportará una mayor transparencia, seguridad y rendición de cuentas a los sistemas de inteligencia artificial en el mercado. Así, las empresas del sector estarán obligadas a respetar los contenidos protegidos por derechos de autor y a no proporcionar ningún tipo de información discriminatoria, entre otros.

Por tanto, a partir de este 2 de agosto de 2025, es oficial que los proveedores deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y derechos de autor, según la Comisión Europea, a la hora de comercializar modelos GPAI en el mercado de la Unión Europea. Eso sí, las empresas que ya ofrecían estos servicios antes de la fecha actual, tendrán hasta el 2 de agosto de 2027 para implementar las nuevas medidas y garantizar su cumplimiento.

Entre las nuevas exigencias, destacan tales como:

  • Indicar que un contenido ha sido generado por IA
  • Explicar el funcionamiento del sistema y sus posibles errores
  • Detallar las fuentes utilizadas
  • Publicar resúmenes de cómo se ha entrenado cada sistema
  • Establecer controles sobre las publicaciones
  • Las empresas deberán crear códigos de buenas prácticas

Los organismos encargados de supervisar el cumplimiento de la nueva norma serán la Oficina de la IA y el Consejo de la IA de la Unión Europea.

Sanciones de hasta 35 millones de euros

Las multas pueden llegar a los 35 millones de euros o al 7% de la facturación en caso de infracciones muy graves. Para el incumplimiento en sistemas de alto riesgo, las sanciones alcanzan los 15 millones o el 3% del volumen de negocio global.

En caso de proporcionar información falsa, la cuantía puede llegar a los 7,5 millones de euros o el 1% de la facturación.