El consejero de Sanidad, Antonio María Saez, ha comparecido hoy a petición de todos los grupos de la oposición ante la comisión parlamentaria para informar de las medidas tomadas ante este caso, que ha considerado "grave", aunque ha afirmado que su repercusión en términos asistenciales ha sido "limitada" y no está relacionado con recortes en materia de informática.
Saez ha informado también de que su departamento ha iniciado un procedimiento de reclamación de daños y perjuicios ante la empresa IRE -responsable del sistema de gestión de imagen radiológica en Ávila- por importe de 93.125,63 euros, en concepto de repetición de 43 resonancias magnéticas y 12 TACs y la recuperación de las imágenes perdidas por medios informáticos.
El consejero ha atribuido la pérdida de las pruebas diagnósticas a los fallos humanos que se produjeron en el proceso de migración de imágenes y sustitución de equipos que inició la Consejería desde 2013, por un lado la desactivación de la opción de copiado automático de imágenes y la desatención de las alarmas que señalaban el incorrecto funcionamiento de los discos de almacenamiento.
Ha enmarcado estos trabajos de migración en el proceso general acometido en los catorce complejos hospitalarios, con la migración de 18,3 millones de pruebas, y ha sostenido que únicamente se produjeron incidencias en el caso de Ávila.
Saez ha explicado que en el proceso de recuperación de datos que ha emprendido la Junta con la contratación de empresas especializadas ha logrado rescatar el 77% de las pruebas radiológicas -el 76% de los TAC, el 63% de las resonancias y el 57% de la radiología convencional-.
El consejero se ha referido también al procedimiento abierto por la Agencia de Protección de Datos para analizar el caso y ha afirmado que este organismo ha elaborado un informe en el que concluye que se ha cometido una "infracción grave", aunque no ha impuesto medidas correctoras al considerar que ya se han implantado y que éstas pueden "contribuir a que una infracción como la producida no se reitere".
