La jueza encargada de dirigir el caso del hermanísimo, Beatriz Biedma, ha tomado la decisión de llevar a juicio oral a David Sánchez, junto a otras once personas vinculadas al PSOE de Extremadura, entre las que se encuentra su líder, Miguel Ángel Gallardo. En el escrito correspondiente, señala que la versión del músico es "inasumible", puesto que en la instrucción ha quedado patente que la plaza que asumió el hermano del presidente "fue creado con la finalidad de ser adjudicado a David Sánchez Pérez-Castejón y esta circunstancia era conocida en los Conservatorios y en el Área de Cultura con anterioridad a que fuera formalmente candidato para el mismo".
Entre las evidencias que señalan este hecho se encuentran la falta de informes obligatorios, el desconocimiento de la situación de la oficina a la que debía acudir a trabajar diariamente o el intento de alquilar una vivienda en Badajoz a través de la plataforma Airbnb un día antes de realizar la entrevista.
No obstante, pese a las pruebas contrastadas por la jueza, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se ha mostrado sorprendido por la determinación tomada por Biedma y ha expresado que no es habitual que se abra juicio oral sin esperar al pronunciamiento de la Audiencia Provincial. "Las prisas no son buenas consejeras", ha expresado Bolaños.
No ha sido el único miembro del Gobierno que se ha pronunciado, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha indicado en los micrófonos de Más de Uno con Carlos Alsina que "si en este caso no estuviera el hermano el presidente del Gobierno, no habría caso". Igualmente, ha reivindicado que las investigaciones comenzaron antes de que Sánchez fuese el líder del Ejecutivo.
Los casos en los que sí que importó que el acusado fuese familia de un presidente
Pese a los intentos del Gobierno por hacer creer que este caso y el aforamiento de Miguel Ángel Gallardo no tienen importancia, o que son algo lógico y habitual en la política, en la hemeroteca existen un par de casos en los que sí que pareció importar el hecho de que el acusado fuese familiar de un presidente, concretamente de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, se refieren al hermano y el padre de Isabel Díaz Ayuso.
Leonardo Díaz y Avalmadrid
El padre de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Leonardo Díaz, fue un empresario del sector sanitario que llegó a regentar distintas empresas, aunque algunas de ellas quebraron. En 2011, MC Infortécnica recibió un aval de la plataforma pública Avalmadrid de 400.000 euros, sin embargo, la compañía no devolvió esta cantidad, sino que la deuda aumentó 100.000 euros. Antes de que se ejecutase el embargo, Díaz donó un piso que figuraba entre los bienes de la empresa a sus hijos Isabel y Tomás, este hecho fue interpretado como un intento de evitar que los acreedores se quedaran con él.
Posteriormente, en 2020, Isabel Díaz Ayuso sería elegida presidenta de la Comunidad de Madrid y desde el principio la oposición encabezada por Más Madrid la atacó por las actividades de su padre y le acusó de haber intercedido para obstaculizar la investigación. De hecho, el partido que en ese momento lideraban Mónica García, Rita Maestre o Íñigo Errejón llegó a interponer una denuncia que en 2019 fue archivada.
En el escrito que remitió la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada se detalló que "no puede determinarse" que se hubiese producido administración desleal porque no se percibían actuaciones que fuesen en beneficio propio o de un tercero, ni que causase un prejuicio patrimonial. Asimismo, tampoco pudo probarse la "presión o sugestión" por parte de Isabel Díaz Ayuso para que se concediese el crédito, por lo que no se apreció tráfico de influencias.
Por tanto, la Fiscalía entendió que no existían motivos para seguir investigando las sospechas de Más Madrid. Esta fue la primera gran victoria de Isabel Díaz Ayuso, que nunca ha dudado en utilizar en la Asamblea o ante los micrófonos de los medios de comunicación.
Tomás Díaz y las mascarillas
El hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso, fue investigado por su participación en la concesión de un contrato de compraventa de mascarillas en los primeros meses de la pandemia de la Covid-19. Concretamente, este contrato fue adjudicado por la Comunidad de Madrid a la empresa Priviet Sportive S.L., dirigida por un amigo de la familia, y en la que Tomás actuaba como intermediario. La compañía recibió 1,5 millones de euros por el suministro de 250.000 mascarillas, mientras que Díaz Ayuso se embolsó una comisión de 234.000 euros.
La Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea abrieron sendas investigaciones para esclarecer si existieron irregularidades en la adjudicación del contrato, en los que se incurrirían en posibles delitos de malversación y tráfico de influencias. Sin embargo, las dos causas fueron archivadas en 2023 al no encontrar indicios suficientes de delito. En el caso de las pesquisas europeas, determinaron que el precio abonado era proporcional a la calidad del material adquirido y entregado, así como que no se produjeron incrementos derivados de la intervención de personas ajenas a la empresa. A su vez, se aclaró que el transporte fue abonado por Priviet Sportive S.L. y no por la Comunidad de Madrid.
Este fue la segunda gran victoria de Isabel Díaz Ayuso, que durante meses aguantó los ataques de Podemos, quienes llegaron a colgar lonas en Madrid con el rostro de Tomás Díaz y vistieron camisetas con los mismos motivos. Además, fue una victoria contra la dirección del Partido Popular, puesto que Pablo Casado había cuestionado la integridad de la presidenta de la Comunidad de Madrid. A la postre, aceleraría su salida de la organización popular.
