La cifra fue apuntada por el ministro sueco de Interior, Anders Ygeman, que ya ha transmitido a las autoridades migratorias y a la Policía que se preparen para un "reto muy grande".
"En la medida en la que hemos recibido a muchos solicitantes de asilo en Suecia -163.000 en 2015-, también aumentará la cifra de quienes vean rechazadas sus peticiones. Si la actual frecuencia se mantiene, se trataría de entre 60.000 y 80.000 personas", dijo hoy Ygeman a la emisora pública "Radio de Suecia".
De las 58.802 solicitudes tramitadas el año pasado por la Dirección General de Migraciones, fueron aceptadas el 55 %.
Dado que el tiempo medio de resolución de una solicitud fue de 229 días y que más de las dos terceras partes de las peticiones fueron presentadas a partir de otoño, Ygeman admitió que el gran aumento en las expulsiones no se producirá "probablemente" hasta principios del próximo año.
El gran número de personas que se arriesgan a ser expulsadas podría hacer que el Gobierno en minoría de coalición entre socialdemócratas y ecologistas recurra a aviones chárter para las deportaciones, en vez de los vuelos regulares usados hasta ahora.
"Es un modo efectivo desde el punto de vista de los costes para las deportaciones. Y puede hacerse en colaboración con la UE o con otros países comunitarios", dijo Ygeman, que reveló primero sus planes en una entrevista al diario económico "Dagens Industri".
Según este medio, el ministro sueco de Interior ya mantuvo el martes conversaciones con su colega alemán para tratar el tema.
El Gobierno sueco negocia además con varios países acuerdos para que estos acepten las deportaciones de sus nacionales, entre ellos Marruecos y Afganistán, aunque admite dificultades.
"He mantenido discusiones con países del norte de África y con Afganistán. Es una tarea difícil hacer que estos países asuman su responsabilidad", declaró Ygeman a "Radio de Suecia".
De los 163.000 solicitantes recibidos por este país en 2015, el 32 % procedía de Siria, el 26 % de Afganistán y el 13 % de Irak.
Ygeman anunció que ante el riesgo "significativo" de que muchos de los que vean rechazadas sus solicitudes prefieran vivir en la clandestinidad en Suecia, el Gobierno endurecerá las multas a las empresas que usen mano de obra ilegal.
Aunque el titular de Interior dijo desconocer el coste económico de las expulsiones, el jefe de la unidad de fronteras de la Policía Nacional sueca, Patrik Engström, estimó que deberán duplicar su dotación para poder afrontar la nueva tarea.
La explosión en el número de refugiados producida en otoño colocó al borde del colapso al sistema de acogida sueco e hizo que el Gobierno, presionado por la oposición de centroderecha, diera un giro sustancial a su política de asilo, hasta entonces una de las más generosas de la UE.
El Gobierno sueco introdujo en noviembre controles fronterizos provisionales, complementados desde enero con controles de identidad en transportes de pasajeros desde Dinamarca; eliminó permisos permanentes a refugiados y limitó la reagrupación familiar.
Las medidas provocaron un descenso sensible en la llegada de solicitantes, pero no han evitado la caída del Gobierno rojiverde en los sondeos, que en los últimos días dan mayoría relativa al centroderecha y colocan al Partido Conservador como primero.
La situación particular de la política sueca no parece prever que se vaya a producir un cambio de gobierno a corto plazo: para derrocar al actual Ejecutivo la oposición necesitaría los votos de Demócratas de Suecia, tercera fuerza parlamentaria y a la que ambos bloques hacen el vacío por su carácter xenófobo.
