Breivik, vestido con un traje negro y corbata y con una barba que se ha dejado crecer en el último año, ha hecho el desafiante gesto a su entrada en la sala al inicio de la audiencia que se prolongará hasta el 18 de enero sobre su detención.
El juez Oeystein Hermansen le ha dicho que el saludo es insultante y no debería repetirse. Breivik, de 37 años, hizo un saludo similar al inicio de la audiencia en otro tribunal inferior el año pasado cuyo juez coincidió con él en que su situación cercana al aislamiento en prisión violaba la Convención Europea de Derechos Humanos sobre "trato inhumano y degradante".
Durante la exposición de la apelación del Estado, el fiscal general Fredrik Sejersted ha defendido que las draconianas medidas, incluidos los cientos de registros y el que no tenga contacto con otros reclusos, están plenamente justificadas en el caso del ultraderechista, que no ha mostrado arrepentimiento por sus actos.
"No hay ninguna violación de los Derechos Humanos", ha sostenido Sejersted. "No se ha derrumbado, no ha expresado remordimientos, está orgulloso de lo que ha hecho", ha sostenido ante el tribunal, argumentando que Breivik parece incluso aún más convencido de su ideología de extrema derecha.
El 22 de julio de 2011, Breivik mató a ocho personas con un coche bomba frente a la oficina del primer ministro en Oslo y luego mató a tiros a 69 personas más en la isla de Utoya próxima a la capital, muchos de ellos adolescentes que asistían a un campamento juvenil del Partido Laborista, entonces en el Gobierno.
En 2016, la juez Helen Andenaes Sekulic dictaminó que a Breivik se le mantenía equivocadamente en un "mundo cerrado" durante 22 o 23 horas al día, incluso aunque tuviera una celda de tres habitaciones con una sala de entrenamiento, televisión y periódicos.
La apelación se está celebrando en un gimnasio convertido en tribunal en la prisión de Skien en la que Breivik está cumpliendo la mayor sentencia vigente en Noruega, 21 años con la posibilidad de una ampliación. Los únicos contactos de Breivik son con sus abogados y profesionales como los guardas o el personal médico.
Además de la apelación del Estado noruego, el tribunal también considerará una denuncia separada de Breivik de que la censura por parte de la prisión a sus cartas ha violado su derecho a la vida privada y la correspondencia.
El Estado argumenta que la censura es necesaria para evitar que incite a la violencia. El mismo tribunal que aceptó la queja de Breivik por lo que consideraba un trato inhumano rechazó esta la queja por la censura.