En un auto en el que le explica al Senado, al PSOE y a Podemos por qué suspendió la tramitación y la Partido Popular por qué le concede la medida cautelarísima que protege a las minorías parlamentarias, el Tribunal subraya que él es garante de que la Constitución se cumple y lo es frente a todos los demás poderes, incluido el legislativo.
De no haber dejado en suspenso la votación de los preceptos que iban a modificar de manera exprés las reglas para la renovación del TC se estaría admitiendo una zona inmune al control de constitucionalidad. Sería una dejación de funciones, señala el auto, que suscriben seis magistrados.
En sus votos particulares los discrepantes indican entre otros argumentos que esta medida ha impedido que el Senado acabe de conformar su voluntad y que el TC ha asumido una competencia de la que carece, o lo que es más grave señala la magistrada Balaguer, impidiendo que el Órgano Legislativo desempeñe la suya propia Constitucionalmente atribuida.
