España ha firmado, junto a los otros 31 países aliados, la declaración de la OTAN que eleva el objetivo de gasto militar hasta el 5% del PIB. Este compromiso, aunque de carácter vinculante y sin margen para excepciones, deja espacio a la interpretación, y es ahí donde el Gobierno español encuentra un resquicio. A pesar del nuevo objetivo, el presidente Pedro Sánchez sostiene que el gasto español en Defensa se mantendrá en el 2,1% del PIB, ya que considera que puede cumplir con los objetivos destinando únicamente esa cantidad.
Desde Moncloa se justifica esta postura en el hecho de que el lenguaje del texto no impone el 5% como obligación inmediata o inflexible. Sin embargo, esta interpretación ha generado tensiones con otros socios, especialmente con Estados Unidos. La administración de Donald Trump, incluso antes de su posible regreso a la Casa Blanca, ya mostró su malestar ante lo que considera un incumplimiento flagrante del compromiso colectivo. Para la OTAN, no hay excepciones y todos los miembros deben avanzar hacia ese umbral del 5%, sin distinciones.
¿Podría salirse España de la OTAN?
Técnicamente, sí. El Tratado del Atlántico Norte contempla la posibilidad de que cualquier Estado miembro decida abandonar la organización. Esta opción se recoge en el artículo 13 del tratado fundacional, en vigor desde 1949. En dicho artículo se estipula que, tras haber transcurrido veinte años desde su entrada en vigor, cualquier país puede renunciar al tratado mediante una notificación formal al Gobierno de Estados Unidos, que actúa como depositario del documento.
La salida, en cualquier caso, no es inmediata. Una vez notificada, debe pasar un año para que la ruptura sea efectiva. Durante ese tiempo, el país seguiría siendo considerado miembro de pleno derecho. España, que se incorporó en 1982, cumple con creces el requisito temporal.
Así lo confirma el experto Manuel Ruiz Robles, exmiembro de la Unión Militar Democrática, quien asegura: “No hay ningún impedimento legal en el tratado. Cualquier miembro puede salir, está reglado en el artículo 13”. Ruiz añade en una entrevista en Canal Red que a su juicio, en el caso español, bastaría con voluntad política y una mayoría parlamentaria: “Con el apoyo del bloque de investidura sería más que suficiente”.
Consecuencias de una hipotética salida
Aunque legalmente viable, la retirada de España de la OTAN conllevaría riesgos estratégicos y políticos imprevisibles. El más evidente sería la pérdida de la protección militar colectiva que se recoge en los artículos 3 y 5 del tratado, que garantizan la defensa conjunta ante una agresión externa.
El impacto diplomático también sería gigante. Salirse de la OTAN podría debilitar la posición internacional de España, dificultar su papel en la UE y tensar las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Además, tendría efectos en la cooperación en inteligencia, seguridad cibernética y acceso a tecnologías militares compartidas, dejándonos más expuestos y obligados a invertir de forma independiente en capacidades propias.
Aunque España podría salir de la OTAN si decidiera hacerlo, la opción resulta poco probable. Las implicaciones estratégicas, económicas y diplomáticas de romper con la principal alianza militar de Occidente convierten esta vía en un escenario altamente costoso e improbable, incluso frente a las presiones por aumentar el gasto militar.