El Gobierno y el PSOE han endurecido sus críticas hacia el Tribunal Supremo después de la decisión de suspender en el censo electoral de extranjeros nacionalizados al amparo de la ley de nietos. Mientras prosiguen los trámites para aplicar una cautelar, desde el Ejecutivo han llegado a calificar de "salvajada" la decisión del alto tribunal.
La Junta Electoral Central se ha reunido tras conocer la decisión, sin embargo, ha decidido no recurrir el auto del Supremo y ha pedido a la oficina del Censo que lo ejecute, mientras que ha solicitado a los consulados que certifiquen qué nacionalizados han documentado ser descendientes de exiliados por motivos políticos, ideológicos o de condición sexual.
Una salvajada
El primero en pronunciarse acerca de la decisión del Supremo ha sido el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que la considera un "atropello democrático" y una "salvajada". Además, ha asegurado que es debido a que hay sectores judiciales "empeñados en tumbar al Gobierno, sea como sea".
Por su parte, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha sustentado sus críticas también en argumentos políticos, ya que el ponente del auto por el que se suspendió el derecho a voto de los que no han acreditado ser hijos y nietos de exiliados dijo que "prefería que fuera Feijóo presidente y así empezar a derogar leyes sanchistas".
Según Mínguez, la justicia debería "aparentar al menos ser independiente" y se ha preguntado "cuál será la segunda" ley que deroguen, poniendo como posibilidad la reforma laboral. Además, a su juicio, si finalmente la anulación se consolida, podría derivar en que haya españoles "de primera y de segunda".
Vocación de salvar a España de no se sabe muy bien de qué
También ha cargado duramente contra el alto tribunal el ministro de Transportes, Óscar Puente, que en una entrevista en TVE, ha expresado una "enorme perplejidad", porque el Supremo "no es el competente para conocer nada relacionado con la ley ni con la instrucción que luego la desarrolló", pero emite "un veredicto en forma de medida cautelar suspendiendo un derecho fundamental contra una instrucción y una ley" que "no ha sido recurrida en tiempo y forma".
En este sentido, ha compartido las declaraciones de Óscar López y ha hablado de "salvapatrias", en referencia a los jueces, que tienen "esa vocación de salvar a España de no se sabe muy bien qué".
PP rechaza crear una comisión de investigación en el Senado, como pide Vox
En cuanto a la Junta Electoral Central, se encuentra dividida con respecto a cómo abordar la situación. Por un resultado de siete votos frente a seis ha decidido no impugnar el requerimiento y cumplirlo. También ha acordado estudiar otro informe que había demandado a la Oficina del Censo Electoral sobre los municipios donde se inscriben los nuevos nacionalizados y la propuesta de instrucción sobre los criterios aplicables en las Oficinas Consulares.
Por otro lado, Vox ha solicitado la creación de una comisión de investigación en el Senado, pero el PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara, ha denegado la petición porque no lo considera necesario. "No necesitamos una comisión de investigación para entender que una orden ministerial no está por encima de una ley aprobada en el Congreso", ha sentenciado el portavoz popular, Borja Sémper.
