La defensa de Zapatero ha apelado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que el juez Calama no investigue los contratos de 200.000 euros con la empresa Focus. Asimismo, ha acusado al magistrado de usar una "patente de corso" para poder investigarle sobre cualquier aspecto personal y profesional.
El penalista, Moreno Catena, señala que la investigación debe limitarse a los contratos con Plus Ultra y que el hecho de que los registros permitieran obtener conversaciones de WhatsApp, correos, documentos bancarios y privados, ha permitido reconstruir todo lo que una persona ha hecho día a día y hora a hora durante seis años. Si bien, esto no autoriza que pueda examinarse en su integridad toda la información obtenida, aunque esté en la causa, tal y como ha contado la periodista de Onda Cero, Eva Llamazares.
"Afirmar que hay una red con fines delictivos y luego emprender la búsqueda de más de un delito que demuestre que existe esa red alberga un razonamiento falaz", ha expresado el abogado en el escrito, al que ha tenido acceso el diario El Mundo.
A su juicio, que una unidad policial haga un volcado masivo de la información intervenida y decida "analizarla de cualquier modo y sin perímetro alguno", supone una "prohibida 'inquisitio generalis'". "El investigado que ha sufrido las consecuencias de esa incautación masiva se enfrentará a una investigación general, allá hasta donde temporalmente alcancen los datos", añade el recurso, según EFE.
Zapatero se habría reunido con altas esferas de Bolivia para favorecer a un grupo empresarial peruano
No es la primera vez que Zapatero pide al juez que no investigue sus gestiones en Bolivia y sus ingresos. El informe al que hace referencia son contratos valorados en 200.000 que, según la UDEF, ocultan gestiones del expresidente ante el gobierno de Venezuela para que una empresa no sufriera una deuda de 107 millones de dólares.
Estos datos fueron encontrados por la Policía en los dispositivos incautados a su secretaria, Gertrudis Alcázar. El expresidente habría cobrado ese dinero por reunirse con el expresidente boliviano, Luis Arce, y librar al grupo peruano Gloria de la citada sanción.
"Las personas detrás de estos pagos a José Luis Rodríguez Zapatero formarían parte del conglomerado empresarial de origen peruano denominado Grupo Gloria. El objetivo pretendido era tratar de mediar o influir a favor de este grupo empresarial. (...) Con esta finalidad, Zapatero se había reunido o contactado con altas esferas políticas de Bolivia", indica el informe de la Policía Nacional.
El recurso presentado por Moreno Catena, según desvela El Periódico, alude a una doctrina del Tribunal Constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo para criticar que el informe de la UDEF traza "una imagen proyectiva sobre el modo y las condiciones en los que una persona desarrolla su vida privada, afectando a su derecho fundamental a la intimidad económica".
