Comisión Koldo

El presidente de Forestalia admite que se reunió con Santos Cerdán y su socio para hacer negocios en Navarra y País Vasco

El presidente de Forestalia, Fernando Samper Rivas, quería evitarlo pero ha dado pistas evidentes de su relación con la trama Serbinavar del Caso Koldo: admite que conoció y se reunió con el líder socialista Santos Cerdán y su socio Antxón Alonso para hacer negocios en Navarra.

Ignacio Jarillo

Madrid |

El Presidente y fundador de Forestalia, Fernando Samper Rivas en la Comisión Koldo del Senado
El Presidente y fundador de Forestalia, Fernando Samper Rivas en la Comisión Koldo del Senado | Foto Onda Cero/Ignacio Jarillo

Fernando Samper reconocía ante la Comisión Koldo que se reunió en su día con Antxón Alonso y Santos Cerdán pero que él no les buscó. "Me contactaron" -admite a preguntas de los miembros de la comisión del Senado. Pero no ha querido dar más detalles de su relación con ambos socios de la empresa Serbinavar aunque ha negado "haber trabajado para ellos".

El fundador de Forestalia admitía, por otra parte, haber tenido varias reuniones "para presentar sus proyectos energéticos"con dirigentes del PSE-PSOE (Partidos socialista de Euskadi), del PNV y de HB (en referencia a Bildu).

De nuevo, Samper guardaba silencio cuando se le preguntaba por su relación con Eugenio Domínguez, exsubdirector de Evaluación Ambiental en época de la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, e investigado por la UCO. Domínguez -según la guardia civil- habría comprado junto con su mujer una empresa energética al socio de Cerdán, Antxón Alonso, para después beneficiarse de estas licencias.

Al presidente de Forestalia se le imputa -según la guardia civil- la creación de una trama de corrupción política; con delitos como cohecho, prevaricación administrativa, ambiental, blaqueo de capitales y organización criminal. La compañía presidida actualmente por Samper está siendo investigada por parte de la UCO por haber recurrido a la llamada trama SEPI para lograr ayudas públicas por valor de 17 millones de euros para una de sus filiales.

Además, esta empresa -según las mismas investigaciones- podría haber tenido trato de favor en la concesión de licencias, por parte del Gobierno de Aragón y del Ministerio de Transición Ecológica.