El nuevo curso político ha arrancado para el Gobierno de la misma forma que concluyó el anterior. Y es que una nueva ley ha fracasado en la Cámara Baja tras el rechazo de los grupos parlamentarios.
En este caso, ha sido el real decreto ley aprobado por el Gobierno a finales de agosto para regular los grupos de interés el que no ha podido prosperar después de que PP, Vox, Junts y UPN hayan rechazado la ley.
La votación se ha saldado con 155 votos a favor, 179 en contra y 12 abstenciones -del PNV, de Podemos y de tres diputados de Sumar- e impedirá al Gobierno cumplir en plazo con uno de los compromisos adquiridos con Bruselas para recibir fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo.
En qué consiste el decreto
Se trata de una norma que sigue el criterio de Bruselas y que el Gobierno enmarcó en su Plan de Acción por la Democracia hace dos años. Fue presentado como proyecto de ley hace un año, pero su tramitación se estancó en el Congreso, por lo que el Ejecutivo se vio obligado a impulsar la norma por la vía rápida, en este caso como decreto.
Sin embargo, el nuevo texto no ha logrado sumar el apoyo de patronal, sindicatos, ni tampoco de la mayoría de sus socios, por lo que no saldrá adelante.
Respecto a la medida, esta trata de recoger aquellos que tienen la consideración de lobby o grupo de interés, es decir, la actividad de influencia y quiénes son susceptibles de recibir esa influencia.
Por otro lado, la norma establece la creación de un registro estatal de lobbies, al que están obligados a inscribirse los grupos de interés, así como se fija que el personal público susceptible de influencia deba informar públicamente de todas las reuniones y contactos que mantenga con lobbies.
El ministro defiende la ley
El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, había intentado convencer a los grupos parlamentarios de que no tumbaran la norma a través de la aprobación de un nuevo real decreto ley antes de octubre que aclarase que los sindicatos y la patronal quedarían fuera del radar de la regulación. Sin embargo, sus intentos han fracaso puesto que los grupos políticos han rechazado la norma este miércoles.
Óscar López ha defendido el texto asegurando que definía lo que es un grupo de interés, incorporaba el informe de "huella normativa" para determinar su posible influencia en la redacción de las leyes y establecía un régimen sancionador.
El ministro ha subrayado que es difícil explicar que se rechace una norma que impone mayor transparencia al Gobierno, salvo que haya "motivos oscuros". Según ha apuntado, en menos de un mes el registro que ahora queda derogado ha recibido más de 300 solicitudes de inscripción de grupos de interés y más de 3.000 consultas.
1.500 millones de euros en juego
El Ejecutivo había prometido a Bruselas aprobar la norma como parte de las reformas pactadas en el plan de recuperación. De hecho, el hito está incluido en la última solicitud de pago del programa. El Gobierno tiene previsto presentar la petición del último pago, dotado con 26.000 millones a finales de mes, de ahí que se acelerase su tramitación.
No obstante, la no aprobación de la norma podría suponer la pérdida de hasta 1.500 millones de euros de dinero europeo.
