La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), que investiga la gestión de la dana del pasado 29 de octubre, ha denegado la personación de la Generalitat Valenciana en la causa como responsable civil subsidiaria al entender que no procede en este momento procesal.
Lo ha notificado a través de un auto a las partes y cita jurisprudencia de la Audiencia Provincial según la cual el responsable civil subsidiario "se incorpora el proceso desde que la pretensión civil se dirige contra él, dándosele traslado del escrito de calificación o acusación, o bien antes de dicho trámite, cuando se dicta resolución judicial para el aseguramiento de sus responsabilidades". Es decir, según la Jueza la Generalitat solo se podría incorporar en la causa cuando haya acciones civiles directamente contra ella.
Añade al respecto que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece "la comunicación de la causa a las terceras personas civilmente responsables en el trámite de calificación del delito (artículo 652)", mientras que en el procedimiento abreviado, el artículo 783.2 de la misma ley establece que el juez de instrucción resolverá sobre las medidas interesadas por el Ministerio Fiscal o la acusación particular, "tanto en relación con el acusado como respecto de los responsables civiles", cuando se acuerde la apertura del juicio oral.
Este tercero "adquirirá, por tanto, la condición de responsable civil, cuando se adopte contra él alguna medida de aseguramiento de la responsabilidad, permitiéndosele intervenir tanto durante la investigación, en la pieza separada que se forme, como en el juicio oral".
La Generalitat había pedido personarse en la causa "porque quiere participar en el proceso judicial y estar presente desde el primer momento para garantizar la defensa de los intereses de los valencianos, y porque hay dos ex altos cargos investigados y podrían derivarse, llegado el caso, responsabilidades de tipo civil" según habían explicado desde Presidencia.
Los dos altos cargos son Salomé Pradas (era la Consellera de Justicia e Interior) y Emilio Argüeso (número dos en Emergencias), que están citados el viernes para declarar como investigados.
Hasta el momento se han personado en esta causa como acusaciones populares, previo pago de una fianza de 6.000 euros, varios partidos políticos (Podemos, Vox, el PSPV-PSOE y Ciudadanos), asociaciones (Liberum, Acció Cultural del País Valencià, Hazte Oír y Mai Més) y el sindicato FTAP-CGT.
La resolución judicial, que responde a la solicitud presentada por la Abogacía de la Generalitat de fecha 7 de abril, no es firme y puede ser recurrida en reforma en el plazo de tres días o de apelación en el plazo de cinco días.
