La juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga el asalto masivo de inmigrantes a Ceuta de finales de julio, ha citado a declarar como testigos al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz.
Ambos tendrán que comparecer ante la magistrada los próximos 30 de septiembre y 1 de octubre, en el marco de las diligencias abiertas para esclarecer qué información manejaban las autoridades españolas antes de la avalancha y determinar si existió una posible participación de Marruecos.
Qué se sabía antes del asalto
Tardón busca conocer de primera mano las previsiones que existían antes de que decenas de miles de personas se dirigieran hacia la frontera, cómo evolucionó la situación y cuáles fueron las circunstancias concretas que terminaron provocando el colapso operativo.
Para ello, la magistrada ha citado a Vivas y a Gonzalo Sanz, que dimitió como jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno después de asegurar que había informado al delegado sobre la información trasladada previamente por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La declaración de ambos se suma a las numerosas diligencias solicitadas por la juez para reconstruir qué se sabía en los días previos, quién recibió las distintas alertas y cómo actuaron las autoridades ante el riesgo existente.
Reclama las alertas a organismos policiales y militares
La magistrada también se ha dirigido a diferentes organismos policiales y militares para reclamar las alertas y los análisis de riesgo que pudieron elaborar antes de la crisis.
En concreto, Tardón quiere conocer qué avisos fueron emitidos, quiénes fueron sus destinatarios, en qué fecha y a qué hora se trasladaron y qué canales se utilizaron para hacer llegar esa información. El objetivo es reconstruir la cadena de comunicaciones y determinar qué datos sobre la situación en Marruecos estaban en poder de las autoridades españolas antes del asalto.
La investigación también pone el foco en la posible actuación de agentes marroquíes durante los acontecimientos. La juez ha solicitado un análisis biométrico y de reconocimiento facial de las personas identificadas como posibles agentes de Marruecos en los informes policiales incorporados a las actuaciones.
