Cuando se cumple un mandato completo en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Gobierno y el PP han evidenciado que están lejos de un acuerdo, con Pedro Sánchez acusando a los populares de 'lawfare' por politizar la justicia y estos exigiendo que acepte reformar la ley judicial para sentarse a negociar.
Ello, mientras las dos asociaciones de jueces y fiscales progresistas han pedido la dimisión del presidente y de los vocales para facilitar su renovación, a quienes acusan de contribuir "al desprestigio de una institución" que "se encuentra en franca descomposición", si bien otra asociación judicial descarta esta vía porque no serviría para nada y apuesta por una solución política.
El CGPJ ha cumplido cinco años funciones, es decir un mandato completo caducado e inmerso en una crisis institucional sin precedentes, sin que se contemple a corto y medio plazo una salida al bloqueo por la falta de acuerdo entre PSOE y PP para su renovación, más aun tras las manifestaciones realizadas este día por ambas formaciones.
Pedro Sánchez aseguró que "por supuesto" llamará al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para volverle a pedir que desbloquee la renovación del Consejo: "Yo voy a llamarle por supuesto".
Para el presidente, en España no hay un problema de división de poderes, sino que el problema es que el PP tiene secuestrado, de "rehén", al poder judicial y con unas consecuencias "terribles", una actuación que ha comparado con el 'lawfare' o judicialización de la política que ha estado presente en las negociaciones del PSOE con Junts.
Desde Bruselas, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha explicado que la Comisión Europea no se opondría a que España procediera primero a la reforma del CGPJ y luego a su renovación si ello fuera fruto de un acuerdo entre los principales partidos españoles y ayudara a desbloquear la situación.
Aunque la opción preferida por Bruselas e incluida en las recomendaciones del informe anual sobre el Estado de derecho para España es proceder primero a la renovación y luego a la reforma del órgano de gobierno de los jueces.
"Deseamos avanzar de esa manera, pero la Comisión Europea está abierta al diálogo. Si recibimos una propuesta que es un acuerdo entre las principales formaciones en España, la examinaremos", señalaba el comisario.
Bolaños, por su parte, ha hecho un llamamiento al PP para renovar el órgano de Gobierno de los jueces "por el bien de España" y para resolver la "preocupación" de la Comisión Europea por este incumplimiento que dura cinco años. "Les pido que cumplan la ley, que cumplan la Constitución y que lo hagan por el bien de España, del buen nombre de España, porque esto sí que es una preocupación de la Comisión Europea, que el Consejo General del Poder Judicial lleve ya cinco años sin haberse renovado", aseguraba Bolaños.
Pero el PP ha endurecido su posición respecto a la renovación del Consejo, al exigir a Sánchez para sentarse a negociar que acepte reformar la ley judicial y ofrezca garantías al respecto.
"Si esto se acepta nosotros podemos hablar, en caso contrario no", subrayaba el portavoz del PP, Borja Sémper, que defiende que la posición del PP ha quedado reforzada tras las "tropelías" del Gobierno, al que acusan de un intento de control de la Justicia.
Así, el PP va un paso más allá pues en la anterior legislatura los populares sí se sentaron a negociar sin que hubiese una reforma ya pactada, y estuvieron a punto de cerrar un pacto, que se truncó por la supresión del delito de sedición y la reforma de la malversación.
Ahora exigen en cambio que el PSOE acepte la reforma que el PP lleva en su programa electoral para que los jueces elijan directamente a la mayoría del órgano, es decir a los doce vocales del turno judicial, y despolitizar así el Consejo.
El PP adopta esta posición aún a riesgo de que la izquierda reforme la ley del Poder Judicial para rebajar la mayoría necesaria para elegir a sus componentes y esquivar así la necesidad de un pacto con los populares, una vía que el Ejecutivo descarta recuperar toda vez que levanta ampollas en Bruselas.
Para la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, es "muy grave" que el PP se rebele ante un mandato constitucional y "politice" el órgano de gobierno de los jueces y ha reclamado a Feijóo que vuelva al marco constitucional, recordándole que "las instituciones son de la ciudadanía".
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha dicho que no le sorprendería que el PP acabe pactando con el PSOE la renovación, como hizo con el Constitucional o con las Comisiones del Congreso, mientras que Podemos ha acusado al PSOE de ser "cómplice" del secuestro que el PP mantiene al CGPJ y por actuar en "connivencia" con los populares para no favorecer la renovación de este órgano,
Por su parte, la asociación judicial Juezas y Jueces para la Democracia y la asociación fiscal Unión Progresista de Fiscales, ante "las numerosas excusas que opone el PP para mantener su bloqueo durante años", han pedido la dimisión de los vocales, a quienes acusan de contribuir "al desprestigio de una institución" que "se encuentra en franca descomposición".
Mientras, la asociación judicial Francisco de Vitoria ha descartado esta vía ya que "nadie puede asegurar que eso provocaría la renovación del CGPJ" sino que más bien "lo que ocasionaría son aun más perjuicios" a los jueces, por lo que ha apostado por poner el foco en los presidentes del Congreso y del Senado, "únicos con legitimidad para iniciar el proceso de renovación del CGPJ".
