El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado admitir a trámite el recurso del PP contra las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que debe nombrar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); y rechazar las recusaciones de Unidas Podemos y PSOE contra dos magistrados; adentrándose ahora en el debate sobre la petición del PP para suspender urgentemente la tramitación de esas dos enmiendas en el Senado.
Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, ambas decisiones --la admisión a trámite y el rechazo de las recusaciones contra el presidente del TC, Pedro González-Trveijano, y el magistrado Antonio Narváez-- se han adoptado por 6 votos (los de la mayoría conservadora) frente a 5 (los de la minoría progresista).
Cronología del lío por la renovación del TC que ha provocado el choque institucional
El bloqueo de la renovación del Constitucional y la imposibilidad de llegar a un consenso entre Gobierno y oposición ha llevado al Ejecutivo a incluir en la reforma del Poder Judicial dos maniobras para consumar la renovación del Constitucional:
- Eliminar el requisito del placet del propio Tribunal a los dos magistrados elegidos el Gobierno -el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y Laura Díez, ex alto cargo de la Moncloa-.
- Eliminar la mayoría de tres quintos (11 votos) a una simple para que el CGPJ designe a sus dos candidatos al TC y que, en caso de que el órgano de gobierno de los jueces siga incumpliendo su obligación de enviar dos aspirantes al Constitucional, se puedan exigir a sus vocales responsabilidades penales.
Estos dos cambios introducidos vía enmiendas en la reforma del Código Penal, es lo que ha enfadado al Partido Popular y por ello presentó un recurso de amparo al Tribunal Constitucional pidiendo medidas cautelares para que suspendiera la tramitación parlamentaria de estas dos enmiendas por las que se reforma el sistema de elección y llegada al propio TC de los dos candidatos que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Por su parte, al Gobierno le molesta que el PP haya recurrido la Constitucional para frenar una votación del legislativo y lo considera una injerencia del Poder Judicial. Por eso ha presentado junto a Unidas Podemos un escrito al Constitucional en el que se oponían a cualquier medida cautelar que afectara al trámite legislativo.
Jueces y magistrados admiten que este atajo legislativo -realizado por la reforma express del Código Penal- es impropio para una cuestión tan relevante como esta. Los servicios jurídicos del Congreso entregaron su informe al respecto expresando sus reservas al procedimiento.
El Partido Popular, utilizando estos argumentos, presentó un recurso de amparo al Tribunal Constitucional pidiendo medidas cautelares. Le pidió de esta manera que actuara el pasado jueves y suspendiera la tramitación de estas enmiendas, que no se votaran.
Ese mismo jueves, cuando estaba programado el pleno, el PSOE presentó a primera hora en el Tribunal Constitucional un recurso para que no se paralizara la tramitación de la reforma del Poder Judicial. Junto al PSOE, Unidas Podemos presentó otro escrito en el que pide también personarse en el procedimiento y se oponían a cualquier medida cautelar que afecte al trámite legislativo.
Por su parte, Vox se sumó se ha sumado al PP e interpuso un recurso de amparo solicitando al Tribunal Constitucional (TC) que suspenda la tramitación parlamentaria de las enmiendas.
Finalmente, el Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves la proposición de ley con sus enmiendas después de que el presidente del TC optara por suspender el Pleno extraordinario de ese día y convocar otro para este lunes.
El pleno extraordinario se retrasó porque los cinco magistrados progresistas amenazaron con no deliberar ni votar, si no se les daba más tiempo para estudiar un asunto de gran "complejidad" y "relevancia" que habían conocido apenas 24 horas antes.
Desde el viernes, el TC ha recibido hasta 8 nuevos escritos firmados por UP, PSOE, PP y Vox.
En las últimas horas, UP ha presentado un nuevo escrito donde pide al TC que plantee una cuestión prejudicial al TJUE para que el tribunal comunitario aclare si González-Trevijano y Narváez deberían abstenerse, una segunda vía que conduciría igualmente a la suspensión del procedimiento hasta que esta pregunta obtenga respuesta.
