Comienza el juicio por el 'caso Romanones' con la declaración de sacerdote acusado
La acusación particular pide contra el padre Román penas de 26 años de prisión, prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y prohibición de comunicarse durante 20 años, además de una indemnización de 50.000 euros en concepto de responsabilidad civil por daño moral.
La Audiencia de Granada acoge desde este lunes el juicio por el conocido como 'caso Romanones', que comienza a partir de las 9.30 horas con la declaración del padre Román, único procesado en la causa para el que la Fiscalía pide provisionalmente nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual a un menor. El caso se abrió después de que un joven que ahora tiene unos 25 años pusiera los hechos, ocurridos supuestamente cuando contaba entre 14 y 17, en conocimiento de la Fiscalía andaluza en octubre del 2014, y sobre los que llegó a pronunciarse el Papa Francisco.
Las nueve sesiones de la vista oral fijadas, que contarán con cuarenta testigos y catorce peritos, se desarrollarán en la Sección Segunda del tribunal provincial durante los días 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 20 y 21 de marzo. En la primera sesión está prevista la declaración del único acusado, mientras que el día 7 lo harán siete testigos, el 8 otros dos -incluido el joven denunciante-, el 9 seis, el 10 once -entre ellos el arzobispo de Granada, Javier Martínez- y el 13 catorce más, mientras que el día 14 han sido citados ocho peritos y el 20 otros seis.
La prueba documental y las conclusiones finales han sido fijadas para el 21 de marzo, día en que el acusado podrá además ejercer su derecho a la última palabra. La Fiscalía acusa al padre Román de un delito de abuso sexual continuado, agravado por el resultado de acceso carnal, y solicita para él de forma provisional una pena de nueve años de prisión, prohibición de aproximarse a menos de 100 metros y prohibición de comunicarse durante diez años.
La acusación particular, ejercida por el joven denunciante de los abusos y supuesta víctima, le atribuye tres delitos de abuso sexual, con una petición de penas de veintiséis años de prisión, prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y prohibición de comunicarse durante veinte años, además de una indemnización de 50.000 euros en concepto de responsabilidad civil por daño moral.
La acción popular, ejercida por la Asociación Pro Derechos del Niño y la Niña (Prodeni), acusa a Román de un delito continuado de agresión sexual, con intimidación, violencia y prevalimiento y con acceso carnal, y le pide quince años de prisión e inhabilitación absoluta por esos mismos años. Finalmente, la defensa del padre Román ha pedido su absolución y que el denunciante pague las costas, además de solicitar la nulidad del expediente canónigo.