Los agentes de la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se incautaron de diverso material informático, agendas y demás documentos en los tres registros policiales simultáneos practicados en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y en las empresas Softgestor y Whathefav, esta última propiedad de sus hijas.
En el despacho de Zapatero, situado en la planta primera del número 35 de la calle Ferraz, los policías intervinieron diversos efectos, como agendas, libretas o el teléfono de su secretaria María Gertrudis Alcázar. Además, durante el registro de más de cuatro horas, hallaron una caja fuerte que solicitaron abrir al abogado del expresidente y su secretaria.
Cuando les advirtieron de que iban a forzar la caja, apareció la llave
En un primer momento, el abogado y la secretaria dijeron que no tenían la llave, pero cuando los agentes del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), especializados en la búsqueda y apertura de habitáculos como puedan ser caletas, zulos o dobles fondos, se disponían a forzar la caja, una de las personas presentes en el registro facilitó finalmente la llave a los agentes.
Los efectos que se guardaban en su interior, entre ellos dinero en efectivo, fueron también incautados. Las fuentes de la investigación señalan que las cantidades intervenidas no son significativas para la investigación.
La empresa que no se pudo registrar porque estaba en obras
En los otros dos registros, enmarcados en la llamada Operación Tíbet, en las empresas Softgestor y Whathefav -esta última, propiedad de las hijas de Zapatero, y que duraron unas seis horas, la Policía se incautó también de material informático y teléfonos móviles.
En la tercera empresa, Inteligencia Prospectiva, los agentes entregaron un requerimiento de información, ya que el llegar a su sede el inmueble estaba en obras.
La Audiencia Nacional sospecha de esta empresa, porque es una SL con un solo empleado y cuya sede social es un solar, una vivienda unifamiliar. Según el juez José Luis Calama, está empresa, habría servido para canalizar fondos procedentes del extranjero y redistribuirlos posteriormente a sociedades vinculadas al entorno de Zapatero, entre ellas la empresa de sus hijas, Whathefav.
La compañía presenta, según el auto judicial y los informes de la Agencia Tributaria, un perfil que el magistrado considera "incongruente": apenas actividad declarada, pérdidas continuadas, un solo empleado y una sede social donde la Policía no encontró oficinas operativas.
