Montoro da 15 días a las comunidades para que limiten el gasto y remitan un plan financiero

Se trata de las primeras medidas coercitivas derivadas del incumplimiento del objetivo del déficit de 2015, que no rebasaron Canarias, Galicia y País Vasco.

Montoro ha explicado los términos de estas cartas, que envió ayer por la tarde, tal y como avanzó la semana pasada, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso para hablar de la desviación del déficit en 2015.

El ministro ha aclarado que no se pide a las autonomías que hagan nuevos recortes, sino que utilicen los recursos adicionales que están recibiendo en 2016 para reducir el déficit y no para gastar más.

Unos recursos extra que llegan a los 10.000 millones: 7.400 millones procedentes de la liquidación positiva del ejercicio de 2014, en el que finalmente se ingresó más de lo que el Gobierno estimó porque la economía creció al doble de lo previsto, y otros 3.000 millones de ahorro de los mecanismos de financiación.

Durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda, Montoro ha señalado que la Intervención General del Estado cambiará esta semana el dato de cierre del déficit público ante la nueva modificación que concierne a todos los estados de la UE, relativa al cómputo y asignación temporal derivados del uso del espacio radioeléctrico.

Ha explicado que este cómputo relativo a 2011 se traslada al 2015 y tiene consecuencias en la reducción del déficit del Estado y como consecuencia en el déficit del conjunto de las administraciones públicas.

De acuerdo con los criterios de Eurostat relativo al uso derivado del espacio radioeléctrico España mejora su déficit público y lo reduce en 1.600 millones de euros.

En este sentido el déficit total se situaría en el 5% del PIB sin contabilizar la ayuda financiera, y en el 5,08% con dicha ayuda, mientras que la Administración Central habría cerrado sin ayuda financiera en un déficit del 2,53%, frente al 2,7% publicado hace unas semanas.

Esta corrección sin embargo no afecta a los déficit de las CCAA que sigue situándose en el 1,66% del PIB, al de la Seguridad Social (-1,26%), ni al superávit del 0,44% de los Ayuntamientos.