Las comunidades han pedido al Ministerio de Hacienda que trabaje para flexibilizar los plazos de cumplimiento de déficit y también que se revise el reparto del mismo entre las distintas administraciones, a fin de que el Estado contribuya más a su reducción.
Éstas son dos de las principales reclamaciones que las comunidades autónomas están haciendo llegar al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a la que ha asistido el consejero cántabro de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota.
Las comunidades, especialmente las que gobierna el PSOE, Cataluña y alguna bajo gobierno del PP como Castilla y León, han considerado que las exigencias de Montoro para reducir el déficit supondrán nuevos recortes que la mayor parte no está dispuesto a acometer.
Por ello, a la entrada a la sede del CPFF, los consejeros autonómicos, además de criticar los planteamientos contra el déficit del ministro, han pedido casi unánimemente que se relajen los plazos para el cumplimiento.
También han apostado por una revisión de la distribución vertical de los techos de déficit, porque están en contra de que la administración central tenga el 2,6 por ciento del PIB y que las comunidades tengan el 0,3 por ciento, sobre todo porque los gobiernos regionales gestionan la educación, la sanidad y los servicios sociales.
Así, la consejera de Hacienda de Andalucía, María José Montero, ha asegurado que va a "exigir" al Gobierno una redistribución del objetivo de déficit que "permita dialogar" porque, a su juicio, son las políticas de la administración central las que "tienen que hacer ajustes" y no las autonómicas. Montero ha considerado que lo fundamental es "llegar a un acuerdo que reparta el esfuerzo y el sacrificio" para que "a través de la recuperación económica" se ofrezca a las familias un sistema de salud, de educación y de derechos sociales.
El conseller de Hacienda de la Generalitat valenciana, Vicent Soler, por su parte, ha pedido también que se flexibilice el plazo para cumplir el déficit y que se redistribuyan sus objetivos, y ha acusado a Montoro de hacer "sufrir" a los ciudadanos con sus medidas. Soler ha criticado los números y el plazo, así como las formas del ministro, por pedir ajustes de manera "unilateral", comportándose con una "deslealtad institucional increíble".
Ante la situación, quiere que, a partir de hoy, el Ministerio de Hacienda "cambie el escenario" y deje de atribuir el mayor peso de la contención del déficit a las comunidades.
En una línea similar se ha expresado el consejero de Hacienda de Aragón, Fernando Gimeno, quien ha reiterado que hay que flexibilizar los objetivos de déficit si se quiere ser realista para conseguir cumplirlo y, una vez conocidos los nuevos topes, habrá que redistribuir "verticalmente" el déficit entre el Estado y las comunidades.
Revisar el "anómalo" reparto entre administraciones es la petición del responsable de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, pese a asegurar que el Gobierno autonómico está en condiciones de cumplir el objetivo de déficit de este año.
La consellera de Hacienda de Baleares, Catalina Cladera, ha acusado a Montoro de "asfixiar" a las comunidades por fijar unos objetivos "difícilmente cumplibles" y no haber reformado el sistema de financiación.
Un objetivo "más realista" de déficit desea la consejera de Hacienda de Asturias, Dolores Carcedo, quien además ha reclamado a Hacienda un informe que analice el reparto del mismo y que se haga "con medios objetivos".
El conseller catalán de Relaciones Institucionales, Raül Romeva, que ha acudido a Madrid en sustitución del vicepresidente económico, Oriol Junqueras, ha subrayado que Cataluña no va a aplicar las propuestas del Ministerio de Hacienda de reducción del déficit y de la regla de gasto. Romeva, que ha asegurado que iba "a escuchar" a Montoro, confía en que el ministro le detalle "qué es lo que quiere, en términos concretos", sobre el déficit.
Por parte de las comunidades gobernadas por el PP, la de Castilla y León es la más beligerante. Su vicepresidenta, Rosa Valdeón, ha defendido la estabilidad presupuestaria pero sin "ningún recorte en servicios".
Valdeón ha manifestado su preocupación por lo que considera "un reparto injusto" del déficit para las comunidades y frente a un modelo de financiación autonómico que actualmente es "obsoleto" y que en su día "nació ya con unas carencias".
