La Plataforma de Mujeres Embarazadas Expulsadas de la sanidad pública prepara una denuncia contra la Consejería de Salud por vulneración de derechos fundamentales ya que las mujeres embarazadas que "se ven obligadas a abortar por razones médicas, la mayoría entre la semana 15 y 22 de embarazo, no son atendidas en hospitales públicos como contempla ley".
La nueva ley del aborto aprobado en el Congreso de los Diputados establece que los abortos deben ser asumidos por la sanidad pública, de forma que los conciertos se entienden como un apoyo para evitar la saturación de los servicios públicos.
Una portavoz de la citada plataforma ha explicado a Onda Cero de que "las mujeres embarazadas que deciden abortar por razones médicas, la mayoría de los casos entre la semana 15 y 22 de gestación, siguen siendo derivadas a clínicas privadas donde interrumpen el latido fetal. Luego, si la mujer lo desea, puede realizar la expulsión en el hospital público, de manera que la mujer puede estar días con el feto muerto en su interior hasta que es atendida en el hospital. Y eso es un maltrato".
Según la portavoz de la Plataforma de Mujeres Embarazadas expulsadas de la sanidad pública “es de locos” que todo un Gobierno esté incumpliendo la ley y de ahí que preparen una denuncia ante el Tribunal Contencioso Administrativo. "Contamos con el apoyo de la Fiscalía que ya nos dijo que el camino a seguir era acudía a la vía contenciosa pro vulneración de derechos fundamentales".
"La única mejora que hemos logrado en los últimos años es que las mujeres embarazadas de más de 22 semanas que desean interrumpir su embarazo por razones médicas, sí sean han atendidas en los hospitales públicos de la Región siempre y cuando el comité clínico lo autorice. De no autorizarlo, la mujer se obligada a viajar al extranjero para abortar. Antes, esas mujeres embarazadas de más de 22 semanas eran derivadas a centros autorizados de Madrid porque la consejería de Salud se negaba a atenderlas en hospitales públicos de la Región de Murcia" explica una portavoz de la Plataforma.
El PSOE pide un Comité Clínico libre de ideología
La diputada socialista, Lara Hernández, ha denunciado que al frente del Comité Científico Regional que ha decidir sobre los abortos por causas médicas, "está un declarado antiabortista cristiano y, por tanto, siempre vota en contra". Por eso pide un comité integrado por profesionales médicos que se limiten a constatar la existencia o no de una enfermedad extremadamente grave e incurable del feto.
Se trata, dice Lara Hernández, de evitar casos como el de "una mujer que se vio obligada a volar hasta Bruselas para abortar, ya en la semana 32 de embarazo, porque desde el Comité Científico dilataron en el tiempo su diagnóstico cuando era evidente que el feto no se movía y estaba afectado de un grave síndrome fetal. Que si mueve un dedo, que si no mueve un dedo. Así la tuvieron semanas. La mujer no quería ni salir a la calle porque su barriga seguía creciendo. Y al final tuvo que volar hasta Bruselas para abortar y todo pagados de su bolsillo".
La Asamblea Regional debatirá este miércoles en Pleno una moción de Podemos mediante la que exige que se cumpla la Ley y que todas las mujeres embarazadas que deseen interrumpir su embarazo sean atendidas en hospital públicos de la Región de Murcia.
A esa moción, el grupo socialista ha presentado una enmienda de adición mediante la que pide que la Consejería de Salud "asegure que las mujeres no sean coaccionadas o maltratadas durante el proceso de interrupción del embarazo" y que "asegure y vele porque ninguna mujer murciana deba volver a abandonar el país o la región para enfrentarse a una IVE por causas médicas debido a que el Comité Clínico Regional haya impedido o retrasado durante meses su intervención en la Sanidad Pública".
Pedreño defiende la derivación a centros privados
El consejero de Salud, Juan José Pedreño, defiende la derivación de abortos a la sanidad privada. El pasado mes de junio adjudicó la realización de abortos hasta la semana 22 de gestación a varias clínicas privadas, mediante un concierto que tendrá cuatro años de duración y un importe de 6,5 millones de euros.
La Consejería de Salud ha informado a Onda Cero de que de mayo a diciembre de 2021 se realizaron en el hospital Virgen de la Arrixaca 9 interrupciones del embarazo de más de 22 semanas. Sin embargo, no ha notificado datos del año 2022. Alega “razones meramente burocráticos”.
En 2021 se realizaron 2159 Interrupciones Voluntarias del embarazo en la Región de Murcia según la Consejería de Salud. Del año 2022 no ofrece datos porque dicen que "no están consolidados".
