La dirección regional de IU-Verdes, a través de su coordinador regional, José Luís Álvarez-Castellanos, ha pedido la dimisión del consejero en funciones, Antonio Luengo, por omitir los trámites de autorización ambiental integrada y de evaluación de impacto ambiental, que eran preceptivos en las solicitudes de ampliación de granjas porcinas, trámites que el propio Consejo Jurídico de la Región de Murcia reconoce en sus dictámenes que la Administración Regional no exigía en los procedimientos de cambio de orientación productiva.
“Contrariamente a lo expresado por el portavoz del gobierno regional, ha resaltado el coordinador regional de IU, no fue la administración regional la que veló por el cumplimiento de la legalidad en estos procedimientos, sino las alegaciones de un tercero en fase de exposición pública en un procedimiento de solicitud de ampliación de una macrogranja la que alertó de una práctica administrativa irregular que venía dándose de manera ordinaria, al menos desde 2008” dice.
“Luengo debe explicar, en sede parlamentaria, a que obedecía que la administración ambiental no exigiera estos trámites, así como por qué, después de que los servicios jurídicos de la Consejería de Agricultura informaran de la irregularidad y dictaminaran la procedencia del inicio del procedimiento de revisión de oficio de la nulidad de las autorizaciones pertinentes, dichos expedientes de nulidad no se abrieran hasta casi dos años después llegando, incluso a dejarlos caducar a los seis meses sin haberlos concluido”, ha señalado Álvarez-Castellanos.
“La apertura de nuevos expedientes de nulidad meses más tarde han concluido en los dictámenes del Consejo Jurídico de la Región de Murcia que han puesto de manifiesto las presuntas irregularidades procedimentales de la Consejería de Agricultura en esta materia desde hace años habiéndose convertido en la manera de proceder habitual, lo que puede suponer un presunto delito de prevaricación administrativa” explica Álvarez Castellanos.
Por otra parte, desde IU-Verdes denuncia el desprecio del gobierno regional, en otro ámbito más, del deber de protección del medio ambiente y del derecho constitucional de la ciudadanía a disfrutar del mismo de manera adecuada. Una vez más priman los intereses económico-especulativos de grandes corporaciones de nuestra Región que marcan la agenda y proceder, incluso de manera presuntamente delictiva, de departamentos tan sensibles e importantes como Medio Ambiete.
El PSOE estudiar llevar las granjas de cerdos sin control a los tribunales de justicia
Vélez opina que la CARM "ha cometido una ilegalidad" aprobando esos cambios de orientación productiva sin evaluación de impacto ambiental. "Sabían perfectamente que estaban incumpliendo la ley, pero así lo hicieron".
Sin embargo, VOX critica la anulación de los permisos para llevar a cabo un cambio de producción en las explotaciones y advierten de que "las anulaciones tendrá efectos devastadores sobre la economía de los ganaderos".
La CARM intenta regularizar
La CARM intenta regularizar las ampliaciones de granjas porcinas que autorizó sin medir su impacto ambiental.
El consejero de Agricultura y Ganadería, Antonio Luengo, admite que son 70 las autorizaciones de cambio de orientación productiva que se están revisando para su "regularización". Esas autorizaciones han supuesto aumentar en más de 250.000 los cerdos. El Consejo Jurídico de la Región de Murcia sigue emitiendo dictámenes mediante los que declara la nulidad de las autorizaciones.
El Consejo Jurídico de la Región sigue decretando la nulidad de las autorizaciones dadas por la Dirección General de Ganadería.
