El consejero en funciones de Agricultura y Ganadería, Antonio Luengo, ha reconocido la revisión de, al menos, 70 expedientes que se están "regularizando y adaptando" a la norma actual. Esas autorizaciones han permitido dar el visto bueno a más de 250.000 cerdos.
Regularizar, según la consejería, significa que aquellas granjas que quieran regularizar el cambio de orientación productiva deben disponer de su correspondiente autorización ambiental.
"Hasta la fecha hay 8 explotaciones que ya disponen de la misma y 20 en tramitación. Las que cuenten con autorización ambiental no deberán reducir su tamaño, pero el resto sí. Los que no han solicitado autorización ambiental o el resultado sea negativo, vuelven a la situación inicial; es decir, volverán a ciclo cerrado o mixto como estaban anteriormente. No pueden trabajar como cebo" informan.
En Onda Cero hemos preguntado a la Consejería de Agricultura por qué se dieron esas autorizaciones sin medir su impacto ambiental y dicen que"la Dirección General de Ganadería y Pesca resolvió inscribir el cambio de orientación productiva de varias explotaciones en el Registro Regional de Explotaciones Porcinas, (tras inspección veterinaria e informe favorable del Servicio de Producción Animal), y según lo establecido en artículo 11 de la ORDEN de 23 de julio de 1996, por la que se dan normas para la ordenación sanitaria y zootécnica de las Explotaciones Porcinas en la Región de Murcia y que explica los criterios para autorizar un cambio de orientación productiva".
Añaden que en enero de 2020, durante la tramitación de un expediente de autorización ambiental, un tercero alegó que en el cambio de orientación productiva se omitieron los trámites de autorización ambiental integrada y de evaluación de impacto ambiental, que según la parte alegante eran preceptivos en atención a las características de la explotación".
Entonces, el Servicio de Sanidad Animal formuló consulta al Servicio Jurídico de la Consejería que, en junio de 2020, determinó que tanto la instalación de nuevas explotaciones porcinas, como sus ampliaciones, así como los cambios de orientación productiva están sujetos al régimen de autorizaciones ambientales vigente. Concluyó que debía iniciarse revisión de oficio en orden a declarar la nulidad de los cambios de orientación productiva. No se sabe desde cuándo la dirección general de Ganadería lleva dando estas autorizaciones.
Desde la Consejería de Agricultura y Ganadería resaltan que "un procedimiento de cambio de orientación productiva no es una ampliación de la explotación ganadera ya que la legislación establece qué es una ampliación y qué no, y el caso que nos atañe no lo es. No existe modificación de la UGM permitida (la Unidad de Ganado Mayor), ni construcción de nuevas naves".
MEDIO AMBIENTE NO RESPONDE
La Consejería de Medio Ambiente, cuyo titular es Juan María Vázquez, guarda silencio. No responde a la preguntas de Onda Cero sobre si ha abierto expedientes sancionadores, si ha evaluado el daño causado al medio ambiente ni cuál es su papel en la regularización de la que habla el consejero de Agricultura, Antonio Luengo.
DENUNCIA EN FISCALÍA
La organización Ecologistas en Acción está ultimando su denuncia ante lo que considera un presunto delito de prevaricación. Su portavoz, Pedro Luengo, dice que "estamos claramente ante una estrategia, no es un caso aislado de un expediente tramitado de manera irregular por un error, sino que es una metodología instalada durante años que ha permitido ampliar granjas que, posiblemente, con evaluación previa no se habrían podido autorizar o habrían tenido condiciones más exigentes".
Luengo subraya que "esas autorizaciones han supuesto una carga importante de ganadería con el hándicap de que no tenemos agua, estamos siempre en sequía técnica porque gastamos más de lo que tenemos y no podemos es seguir ampliando estas situaciones. Esto pinta mal porque podríamos estar hablando de un posible caso de prevaricación".
MÁS DICTÁMENES DE NULIDAD
El Consejo Jurídico de la Región de Murcia sigue emitiendo dictámenes de nulidad. En cada uno de ellos subraya "no parece necesario insistir en la trascendencia y esencialidad de los trámites omitidos y de la finalidad perseguida con ellos, que no es otra que la de garantizar que la afección al medio ambiente que sin duda provocan explotaciones ganaderas intensivas como la de la interesada quede sujeta a condiciones, límites o restricciones y controles estrictos, para minimizar sus perniciosas consecuencias sobre el entorno, y permita así conciliar el legítimo interés económico de sus titulares con el de la protección ambiental".
