El juzgado de instrucción número 3 de Murcia ha abierto diligencias por trece homicidios imprudentes en los incendios ocurridos en la madrugada del domingo en las discotecas de la zona Atalayas de la capital murciana, en las que además, otras 24 personas resultaron heridas.
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha comunicado la apertura de las diligencias. Aunque se mantiene el secreto de sumario, mientras se esclarecen los hechos y la depuración, en su caso, de eventuales responsabilidades penales.
De los 13 fallecidos en el incendio de la discoteca la Fonda Milagros, únicamente se ha conseguido identificar a cinco por las huellas dactilares. Por su parte, la identificación del resto de víctimas se hará cotejando los restos con muestras de ADN de sus familiares.
Se espera que se conozca durante los próximos días, ya que los equipos forenses desplegados ya han terminado las autopsias y se está a la espera de que se completen los trabajos de identificación.
Penas de cárcel de entre 1 y 4 años
El Código Penal establece para el delito de homicidio imprudente penas de prisión de entre 1 y 4 años, a las que se podrían enfrentar los presuntos responsables de la apertura del local.
Asimismo, los responsables del Ayuntamiento de Murcia informaron durante una rueda de prensa, que la sala carecía de licencia y tenía orden de cierre. El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Murcia, Antonio Navarro, explicó que Teatre y la Fonda Milagros pertenecen administrativamente a una única empresa, Teatre SL, comenzó a funcionar con licencia de discoteca con cocina.
Sin embargo, en junio de 2019 solicitaron modificar la actividad para dividir el local en dos y el entonces concejal de urbanismo, el socialista Andrés Guerrero, se lo denegó al entender que esta modificación era "sustancial" por lo que requería de una nueva licencia y en enero de 2022, se dictó una orden de cese de actividad de la discoteca.
Aun así, el dueño de Teatre, Juan Inglés Rojo, dividió con placas de pladur el local y subarrendó la nueva discoteca (Fonda Milagros). A la vez que solicitó en marzo de 2022 unproyecto de legalización, el cual todavía no se había resuelto.
El Ayuntamiento ha recordado que se había dado la orden de ejecutar el cierre del local en octubre de 2022. Por ello, ahora aseguran que depurarán "todas las responsabilidades, caiga quien caiga". Además, confirman que se presentarán como acusación particular y señalan a la empresa como "única responsable" de lo sucedido.
Por otro lado, el abogado de Teatre, José María Caballero, ha explicado en 'Más de uno' que en marzo de 2023, "se giró una visita por parte de la inspección de la Consejería de Sanidad, se dio el visto bueno y se informó favorablemente, por lo que se cumplían todos los requisitos". Asimismo, alega que se realizaron todos los cambios que se pidieron, que "en ningún caso afectaba a la seguridad del local porque ya cumplía todos los requisitos".
Y sobre por qué permaneció abierta la discoteca a pesar de no tener licencia, el abogado sostiene que es una práctica habitual en la zona. "Aquí hay un montón de locales que están funcionando sin licencia", declara.
