El trágico suceso en las discotecas de la zona Atalayas de Murcia en la que murieron al menos trece personas puede traer consecuencias penales para los administradores o titulares de los establecimientos. La instrucción judicial deberá determinar el grado de cumplimiento, entre otras circunstancias, de las medidas de seguridad de los locales.
De forma subsidiaria, ha advertido, el Ayuntamiento de Murcia, como garante del cumplimiento de las normas de seguridad de los establecimientos de pública concurrencia, podría verse obligado a responder de las indemnizaciones que se impongan en el proceso, cuyo sumario ha sido declarado secreto, en el supuesto de que los condenados no puedan hacer frente a esos importes. La administración murciana podría ser responsable subsidiario ya que está obligado "no solo a otorgar licencias de apertura y actividad, sino a velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad".
Las posibles penas
Los administradores de las discotecas de la zona Atalayas de Murcia podrían ser encausados por trece homicidios imprudentes, un delito castigado, según el Código Penal, con entre uno y cuatro años de prisión. La responsabilidad de lo ocurrido recae en estos casos sobre el administrador o titular del establecimiento en que ocurrieron los hechos, y que la instrucción judicial determinará, según recalca el abogado penalista Raúl Pardo Geijó a EFE.
El titular del juzgado de instrucción número 7 de Murcia, en funciones de guardia, ha decretado en la mañana de este lunes secreto el sumario de esta causa, que investigan agentes de la policía judicial y de la policía científica.
Según ha informado a EFE el abogado Francisco Adán, que representa al encargado de la discoteca Fonda Milagros, donde fueron hallados los 13 cadáveres, la policía todavía no ha interrogado a su defendido.
