El Supremo ordena al Tribunal de Cuentas reabrir el caso desaladora

El Tribunal de Cuentas archivó la causa al señalar que no había delito contable, ni que ex altos cargos de la Comunidad tuvieran que devolver el dinero. El Tribunal de Cuentas abrió diligencias tras recibir un duro informe de la Intervención de la Comunidad Autónoma. Llegó incluso a pedir la identidad de ex altos cargos del gobierno regional.

La sentencia del Supremo, fechada el 11 de febrero de 2020, considera “sorprendente” la decisión del órgano fiscalizador sobre la planta de Escombreras. Considera que había que esperar a conocer el sumario del caso La Sal antes de dar carpetazo a la investigación contable. Los magistrados del Supremo subrayan que el Tribunal de Cuentas varió de rumbo con la desaladora promovida pro el gobierno regional. Dicen literalmente que "hizo un cambio sustancial no justificado" pese a que estaba en juego un procedimiento de reintegro por alcance, ante la posible existencia de indicios de responsabilidad contable tal y como había destacado la Intervención General de la Comunidad Autónoma.

El Supremo ha ordenado retrotraer las actuaciones y ahora el fiscal y la Comunidad Autónoma tendrán que pronunciarse. Lo más probable es que la fiscalía, que recurrió el archivo, solicite la continuación del proceso. No se sabe qué hará la Comunidad Autónoma. El gobierno regional se remite a lo que dicten sus servicios jurídicos.

Un informe de la División de Intervención y Fiscalización de la Comunidad Autónoma del año 2015 apreció la existencia de indicios suficientes de responsabilidad contable, algunos en la modalidad de alcance de fondos públicos. Indicó que el Ente Público del Agua pudo haber incurrido en responsabilidades contables cuando dio el visto bueno a la compra de las acciones de la Desaladora de Escombreras entre los años 2006 y 2010, lo cual obligó a las arcas públicas a asumir unos compromisos financieros durante veinte años por las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento.

Los investigados en el caso La Sal basaban su defensa en el archivo contable ahora anulado. El caso la Sal de presunta corrupción se fue al traste tras meses de investigación porque la juez aceptó fuera de plazo la prórroga prevista en la Ley de Enjuiciamiento para causas complejas. No obstante, la Fiscalía logró, tras presentar una denuncia, que un juzgado abriese diligencias contra el ex presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, que está citado a declarar el próximo 16 de marzo investigado por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, además de un delito de fraude y otro de fraude de subvenciones.