Ascienden a cinco los delitos que se le imputan a la expresidenta de Adif, la lucense Isabel Pardo de Vera. A los posibles de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias el juez Ismael Moreno suma ahora los de cohecho, prevaricación y pertenencia a organización criminal.
Hay que recordar que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, registró el pasado día 26 la casa de Santiago de Pardo de Vera. Lo hizo por orden del juez que investiga el caso Koldo y que autorizó a la UCO a "apoderarse de cualquier información que permita averiguar la verdadera realidad de las operaciones mercantiles, transmisiones de fondos, nivel y situación económica, procedencia y origen de los fondos, así como su ubicación. En ese registro se encontró un documento de ADIF sobre el suministro de cinco millones de mascarillas.
Además, los agentes copiaron el contenido de la cuenta de correo electrónica y de la carpeta de Dropbox de Isabel Pardo de Vera, así como su chat de whatsapp con su marido, que se encontraba presente durante el registro y facilitó a la UCO el visionado de su teléfono móvil. En él se encontraron estas evidencias digitales.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 ya imputó a Pardo de Vera en mayo por la presunta contratación irregular de Jésica Rodríguez, exnovia del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Sin embargo, recientemente la ha citado también como imputada, para que declare el próximo 21 de julio, por su presunta implicación en la trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicación de obra pública que implicaría, además de a Ábalos, Koldo García y al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
En ambos casos, el instructor actuó a instancias de su homólogo en el Tribunal Supremo, el magistrado Leopoldo Puente, que le derivó los indicios que apreció respecto a Pardo de Vera y al ex director general de Carreteras Javier Herrero en el marco de sus pesquisas sobre el 'caso Koldo', centradas en Ábalos y su círculo cercano.
