Los abogados de la Asociación de Desempleados de Badajoz (Adeba) consideran que el Ayuntamiento de Badajoz "de forma arbitraria" ha rescindido un acuerdo que tenía con dicha asociación, de manera que la administración "actúa sin previo aviso" y crea en el colectivo y las 28 familias que dependen de su trabajo "una grave indefensión".
Del mismo modo, se refiere a otras administraciones como el Servicio Extremeño de Salud (SES) que "sin aparente motivo emite una misiva con amenazas y coacciones, desalojando los hospitales de Badajoz a Adeba, cuando ellos nada tienen que ver con el ayuntamiento".
Así lo ha señalado Pereira Aragüete Abogados en representación de su patrocinado, la mencionada asociación de desempleados, en una nota de prensa a tenor de los últimos hechos acontecidos con Ayuntamiento de Badajoz y en la que ha expuesto que este último "expulsa a los empleados de Adeba de los espacios públicos cedidos para realizar su actividad social, en virtud de una deuda con la Seguridad Social".
Una deuda que "no se niega, pero que nada tiene que ver con la concesión demanial, ni el clausulado del acuerdo", ha continuado, a la vez que ha defendido que Adeba "ha demostrado a lo largo de los años, concretamente desde 1997" que su actuación ha sido "digna de la confianza de los ciudadanos" y que en todos los eventos de la ciudad, como la Feria, ha estado presente en materia de tráfico con sus estacionamientos "bien organizados", mientras que los emolumentos conseguidos "sirven al único fin de pagar las nóminas de los empleados".
Ha señalado igualmente que "parece ser" que el planteamiento del ayuntamiento cuenta con el "beneplácito" de los distintos partidos políticos como el PSOE, "que parece alegrarse de la puesta en la calle de 28 familias que dependen de un sueldo que no supera los 1.000 euros al mes"; y ha agregado que administraciones como el SES "sin aparente motivo emite una misiva con amenazas y coacciones, desalojando los hospitales de Badajoz a Adeba cuando ellos nada tienen que ver con el ayuntamiento".
"Ahora alega que no se tienen papeles ni que nunca existió autorización, sin tener en cuenta las leyes y la costumbre, no parece que estos desalojos sean legales, más bien responden a un entramado político", ha remarcado, para matizar: "el suplicio de estas familias es agravado por otro medio de presión más, la Policía Local de Badajoz denuncia a los empleados de Adeba por realizar la actividad ilegal de aparcacoches y la retirada de los tickets, con amenazas veladas con detenerles en caso de que sigan ejerciendo la actividad, pero el ayuntamiento niega estos hechos".
"Pero el engaño, la manipulación y el castigo al que es sometido Adeba no termina aquí", ha continuado a la vez que ha resaltado que, durante todos estos años, el ayuntamiento había cedido a la asociación una oficina para poder desempeñar sus funciones administrativas y la cual debería de haber sido renovada anualmente, aunque "nunca se realizó".
Sin embargo, este año y con la actuación "premeditada" del ayuntamiento, solicita a Adeba que pida la renovación de la oficina para una vez realizada esta, "denegarla de inmediato con dolo y premeditación, actuación amparada en el engaño".
Además, han añadido que "parece ser" que el consistorio "no solo actúa arbitrariamente, con prevaricación y abuso de confianza", sino que "no parece recordar" que tiene un convenio de concesión firmado con Adeba "que no ha respetado". "Imaginamos que los servicios jurídicos del ayuntamiento estarán estudiando de forma detallada las decisiones que se están tomando, ya que las consecuencias de sus actos son consecuencias ilegalidades", agrega.
Para afrontar esta controversia, se solicitó por parte de la Presidencia de Adeba una reunión con el ayuntamiento, que "no ha tenido a bien" disponer fecha y hora. Finalmente, las mismas fuentes han explicado que quieren hacer llegar al consistorio su "disposición a solucionar el grave problema que se le plantea a las familias que dependen del trabajo que les brinda Adeba, en un momento de pandemia, donde se convierte en misión imposible conseguirlo".
"Por ese mismo motivo se realizó la concesión en 1997 por el ayuntamiento, que al parecer se ha olvidado la finalidad del mismo, ahora acuerda de forma unilateral el destruir 28 puestos de trabajo y poner en la calle a todos ellos y sus familias sin amparo legal", concluye.
