La polémica actuación policial ocurrida en los exteriores del Estadio Martínez Valero el pasado 23 de agosto llega al Congreso de los Diputados. El Ministerio del Interior ha decidido abrir un expediente disciplinario por la comisión de una presunta falta grave o muy grave a los agentes de la Policía Nacional de Elche implicados en la reducción y agresión a un aficionado del FC Barcelona. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado la medida durante su comparecencia parlamentaria, donde se ha mostrado tajante al asegurar que la intervención de los efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) "no se justifica en modo alguno". Grande-Marlaska ha defendido además la legalidad de los símbolos que portaba el joven, calificando la bandera 'estelada' de "absolutamente legítima".
Los hechos se desencadenaron en los prolegómenos del encuentro entre el Elche CF y el FC Barcelona. En las imágenes grabadas por testigos y difundidas de forma masiva en redes sociales, se aprecia cómo los agentes requisan la bandera al aficionado, socio del club azulgrana. Tras un intercambio de reproches, la intervención termina con el joven reducido a golpes en el suelo.Interior activó de oficio una "información reservada" para analizar lo sucedido. Tras el visionado de las pruebas y la identificación de los agentes, la Dirección General de la Policía ha dado el paso de incoar el expediente sancionador al entender que la fuerza empleada no se acompasó con las funciones de seguridad ciudadana.
Los representantes sindicales de los agentes tienen una versión muy distinta. Sostienen que el vídeo que circula en internet está "sesgado y recortado" y omiten que el aficionado fue detenido por infringir la Ley del Deporte. Según la versión sindical, el joven propinó insultos, escupitajos y cánticos racistas hacia la grada local y llegó a agredir físicamente a los agentes cuando estos procedían a identificarlo de forma reglamentaria.
La resolución de este expediente determinará en los próximos meses las posibles sanciones administrativas o de suspensión de empleo y sueldo para los policías ilicitanos encausados.
