El Ayuntamiento de Elche continúa avanzando en la ordenación y control de los aparcamientos de vehículos situados en el entorno del aeropuerto y desde el área de el área de Aperturas se han realizado un total de 46 requerimientos de regularización a titulares de estas actividades, a los que se ha concedido un plazo de tres meses para aportar la documentación técnica mínima necesaria. Los requerimientos exigen la presentación de una memoria técnica descriptiva de la actividad y una certificación suscrita por un técnico competente que acredite que las instalaciones cumplen todas las condiciones técnicas exigibles para poder desarrollar la actividad.
Esta actuación forma parte de las medidas adoptadas por el gobierno municipal después de que la Junta de Gobierno Local aprobara el pasado 23 de abril una moción para poner límites a la proliferación de campas en el entorno aeroportuario, una situación que se ha desarrollado durante más de dos décadas tanto con aparcamientos de larga estancia como con instalaciones vinculadas a empresas de alquiler de vehículos.
Desde la aprobación de esta medida se prohibió la apertura de nuevas campas, lo que ha permitido actuar sobre tres nuevos aparcamientos. Dos habían comenzado su actividad después de la moción y un tercero pretendía iniciar su funcionamiento. Dos de estas campas llegaron a albergar alrededor de 500 vehículos y más de 3.000 vehículos, respectivamente, y actualmente ambas se encuentran vacías.
La medida municipal ha recibido además respaldo judicial. La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Elche, Plaza nº 1, ha considerado que la moción y el cierre de las actividades iniciadas con posterioridad están encaminados a proteger el interés público frente al crecimiento desordenado de este tipo de instalaciones y su incidencia territorial, ambiental, paisajística y funcional.
En paralelo, los técnicos municipales han analizado la situación administrativa de los aparcamientos existentes y la Policía Local ha realizado más de 50 inspecciones sobre instalaciones que carecían de autorización, lo que ha permitido identificar a los titulares de las actividades. En conjunto, más de 100 campas han sido inspeccionadas desde los meses de abril y mayo.
El Ayuntamiento ha advertido expresamente a los titulares requeridos de que el hecho de no proceder a la clausura inmediata de una actividad no supone la concesión de ningún título habilitante. Una vez aprobada la modificación o el instrumento urbanístico en elaboración, aquellas actividades que no puedan regularizarse deberán ser clausuradas.
El objetivo municipal es analizar cada instalación de forma individual, garantizando la audiencia de sus titulares y diferenciando aquellas que no cumplen los requisitos técnicos y deban cerrar de las que sí los cumplen y puedan quedar a la espera de la nueva regulación urbanística.
