La Generalitat Valenciana ha concedido una indemnización de 155.762 euros a la familia de un paciente fallecido tras un retraso en el diagnóstico de un cáncer gástrico en el Hospital General de Castellón, al apreciar un funcionamiento anormal de los servicios sanitarios.
Así lo recoge una resolución de la Conselleria de Sanidad, que estima parcialmente la reclamación patrimonial presentada por los familiares de un paciente de 55 años que estaba siendo atendido en ese centro desde 2022 por problemas digestivos.
Según la resolución, se produjo “un mal funcionamiento de los servicios médicos de la Conselleria de Sanidad” que supuso “una pérdida de oportunidad diagnóstica” para el paciente.
Los hechos se remontan a mayo de 2023, cuando una prueba de imagen detectó una lesión en el hígado. El caso fue evaluado por el comité multidisciplinar de enfermedades hepato-bilio-pancreáticas del hospital, que decidió remitir al paciente a cirugía para la exéresis y biopsia de la lesión. Sin embargo, en una consulta posterior de cirugía, celebrada el 28 de junio de 2023, se optó por no realizar la biopsia ni la intervención y se indicó un control mediante TAC al cabo de un año, al considerar que la lesión era de pequeño tamaño y no presentaba signos claros de agresividad.
En noviembre de 2023, el paciente ingresó de nuevo en el Hospital General de Castellón con un grave deterioro de su estado de salud. Las pruebas realizadas confirmaron que la lesión había evolucionado y se había extendido a otros órganos, lo que finalmente derivó en su fallecimiento.
La Conselleria ha fijado la indemnización aplicando la doctrina de la pérdida de oportunidad, que en este caso se ha graduado en un 34 %, al tratarse, según señala la resolución, de un tipo de tumor que presenta una supervivencia limitada incluso con diagnóstico y tratamiento precoz.
La reclamación fue tramitada por los letrados Ica Aznar Congost y Juan Carlos Montealegre Bello, de los Servicios Jurídicos de la Asociación El Defensor del Paciente. En un comunicado, la asociación afirma que se produjo “un retraso injustificado en la realización de las pruebas” y cuestiona que no se siguiera la decisión adoptada por el comité multidisciplinar.
La familia del paciente no está de acuerdo con la valoración de la pérdida de oportunidad fijada por la Conselleria y ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
