Tanto el vicepresidente del consejo de administración de Escal UGS como el consejero de la empresa han declarado que no participaron directamente en la toma de decisiones relacionadas con la puesta en marcha y con la paralización de la actividad de inyección de gas, dado que en el Consejo no se trataban las cuestiones operativas.
Según Jorge Casal, abogado de Arca Ibérica, han manifestado que se ocupaban de finanzas y créditos, tal como han manifestado a la agencia catalana de noticias.
Finalmente han indicado que tuvieron conocimiento de los sismos a través del presidente de Escal, Recaredo del Potro, y que todas las decisiones de carácter operativo fueron adoptadas por éste; José Luis Martínez Dalmau, consejero delegado de Escal; y Carlos Barat, director del proyecto, según el abogado de la acusación popular.
Con estas dos declaraciones, ya han prestado declaración los 18 en el marco de las diligencias que se siguen por presunta prevaricación medioambiental y delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.
El fiscal no ha acudido a esta sesión por lo que les ha interrogado el juez, según fuentes cercanas a la empresa, quienes además aseguran que la comparecencia ha sido a través de traductor dado que los dos interrogados hablan ingles.
La causa del proyecto Castor ya supera los 13.000 folios y ha sido declarada compleja, a instancia de la Fiscalía, por lo que el plazo de instrucción se alarga hasta 18 meses.
