La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha declarado inadmisible "por falta de legitimación activa" el recurso de la Diputación de Alicante contra el Real Decreto del Gobierno Central por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de varias demarcaciones hidrográficas. Entre ellas y son las que nos afectan, la Tajo y Segura, ya que inciden en el trasvase.
En la sentencia, emitida el 22 de abril, el alto tribunal confirma el Real Decreto de enero de 2023 "por ser conforme a Derecho" e impone las costas a la parte recurrente.
La Diputación de Alicante interpuso este recurso el 4 de abril de 2023. Centró su demanda en lo relativo a la aprobación de los planes hidrológicos para el tercer ciclo de planificación, entre otras, de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo y de la demarcación hidrográfica del Segura.
La Diputación respeta pero no comparte
La Diputación de Alicante ha lamentado hoy la decisión del Tribunal Supremo y ha defendido que, aunque no cabe recurso contra esta decisión, prestará su colaboración técnico-jurídica a la Generalitat para seguir defendiendo el trasvase Tajo-Segura.
La vicepresidenta primera y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha mostrado su respeto por la sentencia, aunque ha trasladado su disconformidad con el hecho de que el Alto Tribunal no haya entrado a valorar el fondo del asunto de un recurso en el que la Diputación cuestionaba, con diferentes informes técnicos y académicos realizados por expertos, el procedimiento de elaboración del decreto y otras cuestiones como el aumento de los caudales ecológicos, por considerar que carece de justificación técnica que lo avale, o el elevado coste energético y medioambiental de sustituir el agua del trasvase por agua desalada.
“Desde la Diputación de Alicante hemos defendido al máximo y hasta las últimas consecuencias de forma rigurosa y técnica el trasvase Tajo-Segura y los intereses de la provincia ante un Gobierno que de forma arbitraria, partidista y sectaria impulsa medidas que van a asfixiar hídricamente a todo el sudeste español y con ello a miles de familias que dependen de esta infraestructura para la supervivencia de sus economías”, ha apuntado Serna, quien ha lamentado que el TS “no haya analizado ninguno de los argumentos esgrimidos por la institución provincial y se haya limitado a seguir el criterio consolidado, tal y como reza la propia sentencia, respecto a la legitimación de las entidades locales sobre actos o disposiciones de la Administración General del Estado”.
Todo ello, a pesar de que la propia Diputación ha argumentado su legitimidad para defender los intereses de la provincia, “que indudablemente se verán afectados por el recorte del agua trasvasada “.
El único trasvase cuestionado
De esta forma, la sentencia confirma el Real Decreto impugnado, que contempla el aumento de los caudales ecológicos, que, según la vicepresidenta provincial, “ponen en serio riesgo la viabilidad del trasvase Tajo-Segura, el único que es torpedeado sistemáticamente por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, quien se ha convertido en el peor enemigo para los intereses de la provincia de Alicante”.
Pese a que contra la sentencia del TS no cabe recurso, la Diputación de Alicante tiene intención de seguir prestando su colaboración técnica y jurídica a la Generalitat Valenciana y a otras administraciones como el Gobierno de la Región de Murcia para defender el trasvase Tajo-Segura.
“Desde la institución provincial vamos a seguir participando en los grupos de trabajo junto a otras administraciones afectadas y con los propios regantes y agricultores y prestando, como hemos hecho hasta ahora, toda la colaboración necesaria para que la voz del levante español se tenga en cuenta y no se pisoteen nuestros intereses”, ha señalado Serna, quien ha puesto en valor la unidad demostrada “para reivindicar lo que por justicia y derecho merecemos, porque el agua es un bien común que no debe entender de fronteras ni partidismos”.
