El texto al que ha dado luz verde el Consejo de Ministros incluye dejar fuera de las acusaciones populares a partidos políticos, sindicatos o asociaciones vinculadas a ellos, además de reformar el estatuto del Ministerio Fiscal al que posibilita las investigaciones penales. Para Díaz Ayuso es "un giro de tuerca más en esa obsesión por ir minando la independencia judicial, por asaltar la justicia: es el intento definitivo de controlar la acción pena. Si alguien hace años pudo dudar de buena fe de la conveniencia de esta reforma, ahora baste recordarle la imagen de nuestro fiscal general del Estado, procesado y que ni se plantea dimitir. De hecho, está redoblando estos días sus esfuerzos para controlar la carrera fiscal". A renglón seguido, ha criticado la reforma advirtiendo del "peligro tremendo, con la actual situación en las instituciones a manos de personas que han cometido graves delitos y que no respetan el Estado de Derecho", para terminar concluyendo que "este golpe a manos de la Fiscalía se suma a la mayor ofensiva a la independencia judicial y fiscal en décadas, que supone de facto la deriva bolivariana de nuestra justicia".
FALTA DE JUECES
Además, la presidenta regional reclama soluciones al minsiterio de Félix Bolaños ante la "preocupante escasez de jueces y magistrados, consecuencia de la limitada convocatoria de plazas en estos años". Ha recordado Díaz ayuso que fue el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el órgano que pidió con urgencia la incorporación de 142 nuevos jueces para Madrid. Ha cifrado la presidenta la tasa de jueces por cada 100.000 habitantes en 10'4, "muy por debajo de la media nacional, que sitúa a nuestra comunidad en el puesto número 13 entre las autonomías". Aún así, la Comunidad de Madrid ha ejercido sus competencias en materia de personal de Justicia para convertirse en "la región con mayor número de funcionarios por juez, con una ratio de 8,5 frente a los 7,7 de las siguientes comunidades autónomas con las que podríamos intentar aproximarnos".
