El Gobierno Local se ha pronunciado asegurando que estaba convencido de que se actuaba conforme a la Ley debido a la magnitud y gravedad que Ceuta vivía tras la crisis migratoria de mayo del 2021. Según ha explicado el consejero de Gobernación y Presidencia, competente en materia de Menores, ha valorado la sentencia del Tribunal Supremo, ha asegurado que se aplicó el acuerdo con Marruecos con 2007 ante la necesidad de agilizar los mecanismos de devolución de menores, un problema que la Ciudad Autónoma no podía abordar sin la ayuda del Estado.
El consejero de Presidencia ha considerado que, lo que dice la sentencia "clarifica la naturaleza jurídica de ese Acuerdo adoptado con el país vecino y el procedimiento aplicable al respecto”, que según el Supremo debe someterse en todo caso al ordenamiento jurídico nacional y a los pactos internacionales asumidos por España. Del mismo modo que, el Supremo desestimaba los recursos interpuestos por el Estado y la Ciudad contra los fallos en su contra de primera y segunda instancia porque según explica “las circunstancia excepcionales que padecía Ceuta en esa fecha resulta abstracta".
Del mismo modo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido hoy en la Comisión de Interior del Congreso, a petición del Partido Popular en relación con la crisis migratoria, en la que se ha pronunciado también ante la decisión del Tribunal Supremo, defendiendo que la actuación de las autoridades veló en todo momento por el interés de los menores que retornaron a su país de origen.
