Lamentablemente, la inmigración sigue siendo tema de debate en Catalunya. Y más últimamente con las políticas, por ejemplo, de la alcaldesa de Ripoll, Anna Orriols, que apuesta por no empadronar a los inmigrantes. Y es una situación que no es exclusiva de Ripoll. Por esta razón, Cáritas ha impulsado un estudio para analizar la manera con la que gestionan los ayuntamientos el padrón, un derecho para el ciudadano y una obligación para los consistorios.
Un estudio inédito
Este estudio tiene el objetivo de analizar la situación de entre 150 y 200 municipios catalanes, al menos los que tengan un mínimo de 10.000 habitantes. Y cómo se va a hacer? En declaraciones a 'La Ciutat', Luis Miguel Luna, secretario de Cáritas Catalunya, explica que "el estudio ya está en marcha, empezamos a mediados de febrero y la intención es que tengamos algún resultado a mediados o finales de abril, dependiendo de la rapidez con la que recibamos la información de los diferentes ayuntamientos o centros parroquiales de Cáritas, que son las entidades a las que solicitaremos la información, así como el seguimiento personalizado que hacemos a las personas afectadas por una situación irregular".
Sobre el criterio a la hora de elegir qué municipios analizar, Luna confirma que "la idea inicial es hacerlo con los pueblos de más de 10.000 habitantes o, si es de menos, con que sea un CAP comarcal ya es suficiente".
La finalidad de este estudio es "regularizar la situación de estas personas que no estan empadronadas, porque al no estar empadronadas sus derechos están dañados. El padrón es un derecho del que dispone cualquier ciudadano y que le da acceso a ayudas, a la seguridad social, al final y al cabo son derechos humanos. Hace un tiempo la ACM (Agència Catalana de Municipis) ya hizo una campaña en muchos idiomas distintos donde recordaba que estar empadronado es un derecho de todo ciudadano y una obligación de cualquier ayuntamiento", recuerda Luis Miguel.
Un problema de xenofobia
Luna reconoce que "hay ayuntamientos que directamente se niegan a empadronar a todos sus ciudadanos. En Barcelona, por ejemplo, no es necesario tener un domicilio fijo para estarlo, pero en muchas otras localidades esto no pasa, y los ayuntamientos lo utilizan, así como otros vacíos legales, para no conceder este empadronamiento".
Uno se pregunta por qué llevan a cabo estas prácticas los ayuntamientos, si realmente no supone un coste económico muy elevado y no comporta ningún problema. Luna lo ve claro: "Por xenofobia. Y no sólo lo hacen los ayuntamientos con presencia de extrema derecha como Ripoll, también lo hacen partidos que no son de esa ideología. Además, hay muchos ayuntamientos que se van pasando el 'problema', pasan la gestión al ayuntamiento de al lado y éste al otro".
Uno de los problemas que identifica Luna es "la falta de información. Por ejemplo, muchas familias que vienen de Sudamérica vienen con todos sus ahorros a Catalunya, viven por ejemplo en Barcelona, pero se encuentran con unos alquileres altísimos, lo que les lleva a, por ejemplo, L'Hospitalet, donde el alquiler es un poco más bajo. Y claro, para vivir en L'Hospitalet y regularizar tu situación tendrías que empadronarte. Se producen una serie de problemas que esta gente no se esperaba, porque no reciben información de ningún tipo".
