Ha sido durante el debate del punto del orden del día donde se abordaba una modificación presupuestaria para hacer frente a los gastos que ha supuesto la readmisión de una trabajadora municipal, a raíz de una sentencia judicial.
Los antecedentes hay que buscarlos en la filtración de unas facturas de teléfono a la revista Interviú, publicadas en 2012, que se atribuyeron a esta empleada municipal, a la que se abrió expediente disciplinario y fue apartada de sus funciones. Tras volver a su puesto se produjo la supresión de la plaza, una decisión que fue recurrida y ha supuesto su reincorporación a la plantilla laboral del Consistorio.
Las declaraciones de la portavoz del PP sobre este asunto, que cifraba en 150 000 euros el coste de este asunto para la arcas municipales, e incluía entre esos conceptos las llamadas internacionales, supuestamente personales, realizadas desde un número corporativo por el alcalde valdepeñero.
Para Cándida Tercero acabar en los tribunales es un ‘despilfarro’ más de dinero público y judicializar la vida política.
Varios grupos municipales han acusado al Equipo de Gobierno de falta de transparencia a la hora de facilitar datos sobre este tema.
