La Policía Nacional ha acusado a siete manifestantes de participar en los disturbios ocurridos tras la protesta contra la masificación turística que el pasado 26 de julio reunió a decenas de miles de personas en Palma.
Es el resultado del informe interno que el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, encomendó al jefe superior de la Policía Nacional de Baleares, José Antonio Puebla, un día después de los incidentes.
Rodríguez pidió esclarecer los motivos de unas cargas policiales que consideró "violentas y desmedidas", pero la principal conclusión del informe, que recoge todas las incidencias ocurridas durante la manifestación del 26J, es la identificación de siete manifestantes a quienes se les imputan delitos desórdenes públicos y daños.
La investigación, según ha adelantado el diario 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes próximas al caso, ha sido remitida a la autoridad judicial competente, que ahora deberá proseguir las pesquisas y decidir si cita a declarar a los sospechosos.
Las pesquisas alrededor de la actuación de los policías, por su parte, ha quedado en manos de la Jefatura Superior de Policía de Valencia, dado que los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) --los antidisturbios-- están bajo su mando.
Deberán ser los responsables policiales de dicha provincia quienes determinen si sus agentes hicieron un uso proporcionado de la fuerza.
Varias personas, entre ellos un fotoperiodista que estaba documentando la manifestación, resultaron heridas como consecuencia de las cargas policiales. El delegado del Gobierno reconoció que habían sido "desmedidas y con un empleo de la violencia que no se ajustaba al riesgo que podían suponer los manifestantes".
"Se produjeron actuaciones violentas de algunos miembros del dispositivo, que emplearon la fuerza física contra personas que aparentemente no suponían una amenaza ni para su seguridad ni para la de otras personas", dijo Rodríguez.
A esta procedimiento judicial que previsiblemente arrancará una vez enviado el informe policial se le podría sumar el impulsado por un grupo de manifestantes, quienes ya han expresado su intención de presentar una demanda colectiva.
Según la información que ya trascendió semanas atrás, el informe recoge lanzamiento de objetos, agresiones a agentes y ataques a turistas tras la marcha, así como una defensa de las cargas en las inmediaciones de Ses Voltes y la avenida Antoni Maura.
En este sentido, se habrían recopilado videos en los que se ve a un grupo reducido que empleó la violencia al final de la marcha contra la masificación arrojando objetos como botellas, latas y piedras, propinando patadas y empujones a los agentes e, incluso, arremetiendo a turistas que estaban en la zona.
La manifestación, según el informe, transcurrió con total normalidad durante todo el recorrido hasta Ses Voltes. Fue en este punto cuando los agentes advirtieron a la persona responsable de la protesta que los 25.000 participantes no cabían en esta ubicación para la lectura del manifiesto y que se les invitó a hacerlo en el exterior.
Ante la negativa y la insistencia de acceder al recinto inicialmente previsto, se acordó establecer tres filtros policiales para una entrada paulatina. Sin embargo, la promotora de la marcha afirmó por megafonía que la policía estaba impidiendo el acceso.
El ambiente comenzó entonces a crisparse y la tensión escaló con los primeros empujones a los agentes, que se vieron "embolsados" en la pequeña pasarela --flanqueada por la muralla y las rocas del lago-- que une la avenida Antoni Maura y Ses Voltes, lo que obligó a la petición de refuerzos.
El informe habla de una "masa hostil" que rodeó completamente a los agentes y los empujó hacia la avenida Antoni Maura donde, según se ve en los vídeos que ha recopilado el cuerpo, un grupo reducido de violentos y con la cara oculta la emprende contra los policías lanzándoles botellas, latas, piedras, arremetiendo con el palo de una bandera e, incluso, increpando a los turistas que se encontraban en las inmediaciones, lo que obligó a ordenar las cargas.
