El juez decano de Ibiza, Sergio González, ha advertido en Más de Uno Ibiza y Formentera que la nueva ley de eficiencia judicial, en vigor desde el 1 de enero, "ha entrado en funcionamiento sin la preparación necesaria y sin los medios suficientes" por lo que, según sus palabras, "difícilmente servirá para agilizar la Justicia".
En este sentido, González ha explicado que la reforma "supone un cambio radical en la organización de los juzgados, al eliminar los juzgados unipersonales y crear un único Tribunal de Instancia que integra a todos los anteriores" aunque, sin embargo, "el número de jueces, funcionarios y asuntos es exactamente el mismo por lo que no está muy claro que aporte una mayor eficiencia real al ser las mismas personas resolviendo cada vez más asuntos".
Al mismo tiempo, el juez decano ha remarcado que la ley se ha aplicado sin que estén listas las plantillas, la organización interna, los edificios ni los sistemas informáticos, lo que ha provocado que el engranaje judicial todavía no funcione con normalidad y ha reconocido que en los primeros días de aplicación apenas se han podido dictar sentencias "en algo que es realmente preocupante".
Incluso, González ha afirmado que estos problemas se repiten en los grandes partidos judiciales de todo el país, como Palma, Madrid o Valencia, pero que "en Ibiza se agravan por el elevado coste de la vivienda, que dificulta gravemente la llegada y permanencia de jueces y funcionarios" y por ello ha puesto como ejemplo la reciente incorporación obligatoria de una jueza de nueva promoción que deberá pagar 1.500 euros por un piso de apenas 40 metros cuadrados, con un salario aproximado de 2.800 euros "en una situación insostenible que provoca una rotación constante de profesionales".
Algo que, según el magistrado repercute directamente en la calidad del servicio, ya que Ibiza se convierte en un destino de paso, con personal que se marcha en cuanto puede como demuestra que "en los últimos 15 años han pasado cerca de 20 jueces por los juzgados de la isla" lo que está provocando, según sus palabras, "lentitud en muchos procedimientos, como los desahucios u ocupaciones que además no dependen de los jueces sino de una normativa que impone numerosos trámites obligatorios".
