La presidenta de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Sara Menéndez, ha anunciado este jueves que van a interponer un recurso Contencioso-Administrativo contra el acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de declaración de la implantación de Costco en el polígono industrial de Bobes, en Siero, como Proyecto de Interés Estratégico. Menéndez, en rueda de prensa en la sede gijonesa de la entidad acompañada de otros representantes de la entidad y de los abogados Guillermo Quirós e Ignacio Moreno, ha explicado que, además, se pedirán medidas cautelares para evitar que avance la tramitación de la licencia y de la modificación urbanística en el Ayuntamiento de Siero, que pueda conllevar una decisión irrevocable de cara a una decisión judicial posterior.
Entre otras cuestiones, ha dejado claro que se trata de una decisión "coherente" con lo que la Unión de Comerciantes lleva defendiendo durante años. "No estamos hoy aquí ante ninguna improvisación ni ante una discrepancia coyuntural", ha insistido. Menéndez, que ha hecho un repaso de los antecedentes de la tramitación de esta declaración, ha remarcado que no se tuvo en cuenta ninguna de las alegaciones que presentaron. A este respecto, ha recordado que siempre sostuvieron que la ubicación de una gran superficie comercial minorista en suelo industrial era "incompatible" con la normativa vigente. "Siempre hemos defendido que se debe de comprar donde se vive", ha argumentado. Asimismo, ha recalcado que se trata de un sector en el que Asturias ya cuenta con empresas que generan miles de empleos y que desarrollan su actividad con arreglo a las leyes vigentes." No puede haber una interpretación flexible para unos y una aplicación estricta para otros dentro del mismo sector", ha llamado la atención.
"Una gran superficie comercial ordinaria no puede presentarse sin más como un proyecto de interés estratégico para Asturias, ni puede servir esta figura como una vía para saltarse una normativa vigente, especialmente aquella que limite la implantación del comercio minorista en suelo industrial", ha sostenido Menéndez.
Ha señalado, también, que en las alegaciones presentadas en su día dejaron claro que Costco no acreditaba "adecuadamente" los requisitos cualitativos exigibles para ser declarado estratégico.
"No justificaba de manera suficiente ni la innovación real, ni la transformación ecológica, ni la cualificación de capital humano, ni la cohesión territorial, ni el alineamiento efectivo con la planificación aplicable", ha asegurado, a lo que ha mostrado dudas, también, sobre la inversión y el empleo comprometidos.
Por todo ello, la decisión el pasado marzo del Consejo de Gobierno de declararlo como Proyecto de Interés Estratégico creen que no cumple las exigencias legales requeridas y plantea "serios problemas de encaje territorial, comercial y urbanístico", ha alertado.
Con respecto al recurso, ha apuntado que se fundamentará, entre otras posibles líneas de impugnación, "en la incorrecta aplicación de los requisitos previstos en la Ley 7.2024 para la declaración de proyectos estratégicos, en la insuficiente motivación del supuesto interés estratégico del proyecto, en la posible utilización de esta figura excepcional para facilitar la implantación comercial ordinaria y en los eventuales problemas de compatibilidad con la ordenación territorial, urbanística y comercial vigentes".
Menéndez ha remarcado, además, que la Unión de Comerciantes actúa "desde la responsabilidad y desde la coherencia". "Hemos mantenido la misma posición durante todos estos años, independientemente del momento político, del procedimiento concreto o del operador afectado", ha agregado.
"No estamos defendiendo "un interés particular ni la posición oportunista, estamos defendiendo algo mucho más importante, que las reglas del juego sean las mismas para todos, que la legalidad no se adapte en función de cada caso, que el concepto de proyecto estratégico no se vacíe de contenido hasta convertirse en una fórmula para excepcionar la normativa comercial vigente y saltársela", ha afirmado.
Eso sí, ha asegurado que no están en contra de que una empresa quiera implantarse en Asturias, pero debe hacerlo como cualquier inversión ordinaria, "con las mismas reglas, con las mismas exigencias que se nos aplican a los demás", ha reivindicado.
Ha advertido, al tiempo, de que está encima de la mesa no solo un proyecto o una ubicación concretos, sino la forma en la que Asturias quiere abordar su desarrollo económico, "desde la excepción o desde la norma", ha apostillado, a lo que añadido que debe decidir si actúa "desde la flexibilidad interesada o desde la seguridad jurídica".
"Actuamos con serenidad, con responsabilidad y con pleno respeto a las instituciones, pero también con la firmeza que exige la defensa del sector al que representamos, del interés general que entendemos comprometido", ha destacado Menéndez, quien ha insistido en que la presentación de este recurso es una decisión "responsable, fundada y plenamente legítima", de cara a que la Justicia determine si esta declaración de Proyecto de Interés Estratégico regional se ajusta o no a derecho.
Quirós, por su lado, ha matizado que, como abogados, no entran a pronunciarse sobre la oportunidad económica, sino que actúan en un plano estrictamente técnico.
Ha señalado, asimismo, que el pasado 27 de marzo se solicitó formalmente copia y vista íntegra del expediente administrativo, que aún no se les ha facilitado. "Esa circunstancia refuerza si cabe la necesidad de actuar con el máximo rigor técnico y dentro de los cauces legales", ha considerado.
Ha apuntado, también, que ellos analizan el encaje y vista íntegra del proyecto en los presupuestos de la Ley de Proyectos de Interés Estratégico, con su relación a la ordenación territorial, urbanística y comercial vigente, así como en la suficiencia de la motivación administrativa y en el tratamiento dado a las alegaciones formuladas durante la tramitación.
Ha recalcado, al tiempo, que se trata de una decisión administrativa "de notable intensidad jurídica", dado que sus efectos de prevalencia sobre el planeamiento, la urgencia de tramitación que confiere y su proyección sobre la ordenación del territorio justifican que haya un control jurisdiccional, "especialmente cuidadoso".
Ha explicado, además, que el debate de fondo sobre la legalidad del acto corresponde en exclusiva al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ante el que se presentará el recurso.
Moreno, por su lado, ha señalado que se dispone de un mes desde la aprobación del acuerdo para la formulación del anuncio del recurso contencioso-administrativo, de cara a su posterior formalización con la solicitud de medidas cautelares.
Unas medidas cautelares que, según el letrado, guardan relación con la necesidad de que no se produzcan efectos "adversos y reversibles" con la implantación y el avance de este proyecto, que hicieran luego incompatible la ejecución de una decisión judicial hipotética a favor del recurso.
Y si bien no ha querido aventurar plazos, sí que ha considerado que será un procedimiento que superará el año de duración "con toda probabilidad". Dicho esto, ha insistido en que es solo una estimación por la experiencia profesional que tienen.
Sobre las medidas cautelares, ha apuntado que se trata de frenar actuaciones que contribuyan a la consolidación de este proyecto y que sean "irreversibles y perjudiciales" para el entorno y para la actividad de las personas que puedan concurrir en ese lugar. Por ello, se solicita la paralización de la tramitación de la licencia en el Ayuntamiento sierense y la modificación del planeamiento urbanística del polígono de Bobes, necesaria para la implantación en ese lugar de Costco.
