El gerente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Fernando Clavijo, junto a la asesora legal y ex gerente de la entidad, Carmen Moreno, han avanzado que estudian la posibilidad de presentar un recurso contencioso-administrativo, con la petición de medidas cautelares, contra el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprobó la declaración de Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) para la implantación de Costco en Siero. Ambos, en rueda de prensa en la sede de la entidad, en Gijón, han asegurado que el informe realizado por Sekuens para justificar la citada declaración de PIER fue hecho para que encajara este proyecto, que, según ellos, no cumple con la Ley. Clavijo ha remarcado que llevan años oyendo que el comercio local debe adaptarse, pero ha defendido que se haga "con las mismas reglas del juego". Para él, el riesgo es convertir una herramienta excepcional en un "atajo". "Si se abre la puerta a que existen reglas a la carta, para quien tiene más capacidad de inversión, los que se rompen es la igualdad de condiciones, la seguridad jurídica y la confianza en la planificación", ha alertado.
Moreno, por su lado, ha considerado el informe de Sekuens "una chapuza jurídica de nivel máster". Es más, ha sostenido que el PIER ha sido utilizado como instrumento "para saltarse tres normas urbanísticas diferentes". Sobre ello, ha citado el Plan Parcial del polígono industrial de Bobes, que depende del Gobierno asturiano, el Plan General de Ordenación de Siero, que corresponde al Ayuntamiento sierense, y las directrices sectoriales. Ha apuntado, asimismo, que la empresa Costco dice cumplir cuatro o cinco los seis puntos que establece la ley, pero la agencia Sekuens solo le reconoce dos, que es el mínimo exigible. Moreno ha explicado que la Ley habla de inversión en materia de cualificación del capital humano orientada a una industria sostenible, industria, entendemos, empresa, digital, competitiva, inclusiva y con perspectiva de género. Para ella, para que sea reconocida como sostenible, digital, competitiva, inclusiva y con perspectiva de género, la agencia Sekuens tenía que haber admitido que cumplía el requisito del punto anterior, "cosa que no admite", ha recalcado. "Difícilmente vas a poder tener una inversión formativa en lo que no eres", ha indicado, para después recalcar que no se cumple tampoco, ya que se reduce a 9,33 horas por empleado y año en las siguientes materias: Prevención de riesgos, operaciones, seguridad informática, acoso laboral y corrupción. Formación que ha apuntado nada tiene que ver con industria sostenible y digital, salvo quizás seguridad informática. "Si 9,33 horas de formación al año es una inversión que declare un proyecto estratégico, lo será cualquiera", ha advertido. Una formación que la empresa deberá planificar con los servicios públicos del Principado, por lo que da a entender que es a futuro.
Otro de los puntos que avala el ser un PIER es el referido a aquellas inversiones que generen cohesión y vertebración territorial, sobre todo desarrollo socioeconómico en las zonas más desfavorecidas en la transición hacia una industria sostenible y digital. A este respecto, Moreno ha sostenido que el informe "cambia la ley" y se centra en que Costco cumple este punto porque favorece la implantación de una inversión en un territorio que demanda diversificación económica y generación de empleo sostenible. "Lo primero que no puede hacer un informe es cambiar el texto de una ley que se aprueba en un Parlamento y lo segundo es la ley habla de zonas más desfavorecidas", ha insistido.
En cuanto a la posibilidad del recurso, Clavijo ha explicado que se adoptará una decisión en el marco del Comité Directivo de la Unión de Comerciantes "con responsabilidad y con vistas puestas en el interés general y la seguridad jurídica y en el futuro del modelo comercial y urbano de Asturias". Desde la Unión de Comerciantes se ha aclarado, dicho esto, que la vía que estudian es el recurso contencioso-administración contra una decisión del Gobierno regional, por lo que entienden que no se les tendría que exigir ningún aval, ya que no está aprobada la implantación sino la declaración del PIER.
