El Gobierno aragonés continúa con el proceso de estabilización del empleo público en la comunidad. Desde que el Ejecutivo de Jorge Azcón llegó al Pignatelli se han puesto en marcha 2.646 plazas, de las cuales 1.289 ya se han ejecutado y esperan que el resto se incorporen “a lo largo de este año”. Una cifra que el director general de Función Pública, Antonio Villacampa, ha tachado de “histórica”, ya que se ha multiplicado por veinte el número de funcionarios que entraron en la administración en 2022, cuando se produjeron 61 nombramientos.
Para seguir en esta senda, la DGA lanzará una macro oposición con las ofertas de empleo públicas que están acumuladas de los años 2023, 2024 y 2025 y que suman 2.564 plazas. La previsión, según ha detallado Villacampa, es que en el segundo semestre de 2026 se realicen los exámenes y se nombren en ese mismo año los nuevos funcionarios públicos. El director general ha instado a la ciudadanía a participar con el objetivo de reducir la tasa de temporalidad hasta el 8%.
Una cifra que supondría un hito y reducir al máximo el porcentaje de temporalidad. En los años anteriores, los nombramientos de interinos supusieron un 90% de los nuevos ingresos en 2022 y un 70% en 2023. En el pasado ejercicio se rebajó hasta situarse en el 32%.
El impulso al empleo público ha sido posible gracias al “incremento de la dotación presupuestaria para el Instituto Aragonés de Administración Pública (IAAP) y el aumento de su plantilla”, también al uso de distintas plataformas digitales que hacen los procesos más automáticos. “Hemos acortado los procesos selectivos hasta los nueve meses y las denominadas prácticas ya no existen, ahora los trabajadores tienen una formación específica dentro del puesto que van a ocupar”, ha señalado Villacampa.
UNA NUEVA LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA
Dentro de la dirección general también se están desarrollando distintos proyectos, entre los que destaca la puesta en marcha de la nueva Ley de Función Pública, que podría estar aprobada “al final de la legislatura”. La intención es elevarla a las Cortes de Aragón este verano y así comenzar el trámite parlamentario, manteniendo reuniones previas con los distintos grupos para lograr el mayor consenso posible. “No esperamos grandes oposiciones políticas, es una Ley transversal”, ha matizado el director.
Entre otros proyectos, se está realizando un Decreto de Indemnización por razón del servicio, que “verá la luz en poco tiempo”; se están evaluando los puestos de trabajo de toda la administración para valorar la dificultad del desarrollo y se está ultimando el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, que también se aprobará antes de 2027.
