Ese centro fue recuperado por el gobierno de Juanma Moreno tras la pandemia. El antiguo Hospital Militar Vigil de quiñones renacía de sus cenizas a bombo y platillo como un nuevo equipamiento sanitario muy demandado. La Junta decidió entonces cambiarle el nombre no sin polémica. Hace dos años el presidente de la Junta de Andalucía, decía que "el gobierno no debe ser quien decida como se llama este hospital".
Ese referéndum se celebró y se votaron 4 opciones, Rosalía Robles Cerdán, Miguel de Mañara, y los consabidos Vigil de quiñones y Muñoz Cariñanos. Fue este último el que la junta hizo público como el nombre elegido el pasado 16 de marzo pero la familia de Rogelio Vigil de Quiñones quiso conocer cual había sido el porcentaje de votos.
En junio la Consejería de Salud dio nombres pero no porcentajes de voto, hasta que el Consejo de Transparencia de Andalucía obligó a la Junta a darlos. Y salto la sorpresa. Las dos opciones más votadas fueron 'Hospital Rosalía Robles Cerdán' y 'Hospital Vigil de Quiñones' con el 63% de los votos. La opción anunciada por la junta 'Hospital Doctor Muñoz Cariñanos' fue la menos votada.
La consejería de salud aduce dos razones. Que la consulta no era vinculante, y que a apenas contó con un 11,68% de participación de los profesionales sanitarios. Y volvemos al inicio. Esa es la razón por la que ahora familia de Vigil de Quiñones se plantea acudir a los tribunales. José Ignacio Bidon es Abogado y nieto de Vigil de Quiñones, asegura no entender la "decisión arbitraria" de la Junta.
No tienen ya tomada la decisión de ir a los tribunales porque "estamos seguros de que la Junta de Andalucía rectificará y el hospital recuperará su antigua denominación".
Las explicaciones dadas por la Junta sobre las razones de acabar eligiendo otro nombre como que era una consulta, no un referéndum, que no era vinculante, o que la participación fue muy baja, no convencen en absoluto a Bidón que reconoce que su familia pidió ver los resultados de la votación porque ya sospechaban que algo no encajaba
Bidón asevera que si no hay rectificación, "se acudirá a lo contencioso-administrativo".
