Empiezan fuerte los espigones el año. Están ahora mismo en posiciones claramente de cabeza en la actualidad municipal. Unos y otros están ayudando mucho, claro. El PP por un lado, el PSOE por el otro. Raro ¿verdad?
Ironías aparte, estamos hoy ante un buen ejemplo de lo que las competencias territoriales de España pueden llegar a provocar. Porque resulta, a ver si lo describimos medianamente, que allá por 2011, el Estado se las cedió, las competencias, a las autonomías en lo que a la gestión del dominio público marítimo terrestre se refiere. O sea, concesiones de chiringuitos, autorizaciones o vigilancia.
Luego si hay que hacer una obra, como por ejemplo, demoler un tramo del paseo marítimo, pues ahí ya decide Madrid. Y para cobrar el canon, también lo ingresa el Gobierno central.
Pero como la gestión, decíamos, la tiene, en este caso, la Junta Andalucía, pues allá que va el Ayuntamiento y le pide a Sevilla que se la ceda a su vez a él, para que Costas hable con Marbella directamente, sin que, para entendernos, tenga que haber un intermediario.
Más aún. El Gobierno regional necesita un informe favorable del Estado pero que no es vinculante, aunque no hacerle caso, podría ser motivo de acabar en los tribunales. Y todo esto, salvo sorpresa, para que además no sirva de mucho, más allá de enseñar músculo.
No parece tan difícil.
