El análisis del teléfono móvil de un hombre vecino de León, investigado como presunto responsable de la muerte por apuñalamiento del doctor Rafael Piorno Fermoselle en su domicilio de Roquetas de Mar, ha permitido detectar hasta 14 comunicaciones cifradas con otro implicado, agente del cuerpo nacional de policía señalado como supuesto autor intelectual, entre los días 22 y 24 de agosto de 2024, coincidiendo con las fechas cercanas al crimen.
Así se recoge en el informe técnico elaborado tras examinar el dispositivo por parte de la unidad de policía judicial, donde se pone de manifiesto la relación entre ambos sospechosos a través de llamadas, videollamadas y mensajes, aunque no ha sido posible conocer el contenido de dichas conversaciones.
Los investigadores consideran que el presunto autor material mantuvo contactos previos con el agente, quien había sido paciente del doctor, y figuraba en su agenda con un nombre ficticio. Las defensas sostienen que la muerte se produjo de forma inesperada tras complicarse un supuesto intento de robo.
El informe indica que ambos implicados estuvieron en contacto al menos desde las 8:30 horas del 22 de agosto, jornada en la que se habría llevado a cabo una vigilancia sobre la vivienda del médico, que se encontraba a la venta.
Ese mismo día, el investigado habría hablado con la víctima para comunicarle su intención de acudir al día siguiente con el pretexto de comprar la casa.
Las comunicaciones entre ambos continuaron hasta el 24 de agosto, un día después del crimen, prolongándose hasta la noche. Según las pesquisas, ese día uno de ellos habría acompañado al otro hasta la estación de autobuses para facilitar su regreso a León.
El teléfono analizado también ha permitido recuperar los billetes de autobús utilizados por el sospechoso para viajar el 21 de agosto desde León a Madrid y posteriormente hasta Almería, donde llegó por la tarde.
Los investigadores entienden que este desplazamiento coincide con la reserva de una habitación realizada ese mismo día por el agente y su pareja, también investigada como posible colaboradora, en un establecimiento hotelero. Tras recogerlo en la estación, el policía lo habría llevado hasta ese lugar.
Sin embargo, no se ha podido analizar el teléfono del agente, ya que solo contiene información a partir del 26 de agosto, momento en el que comenzó a usar otro dispositivo en el que no aparecen datos relacionados con el caso. En la investigación también figura su hijo como presunto encubridor.
La defensa del agente, representada por la abogada Elisabeth Guerrero, ha anunciado que cuestionará la validez del informe al considerar que no aporta pruebas concluyentes, dado que no se conoce el contenido de las comunicaciones.
La investigación judicial, que previsiblemente será juzgada por un tribunal popular, continúa a la espera de nuevas actuaciones antes de su cierre, dentro de un procedimiento que dio lugar a la denominada operación Alhabana.
El cuerpo sin vida del doctor fue encontrado en su vivienda poco después del crimen. La investigación llevó a la detención de dos hombres, que permanecen en prisión provisional sin fianza desde septiembre de 2024.
También sigue investigada la pareja del agente, considerada posible colaboradora por ser titular del vehículo utilizado, así como el hijo del policía, a quien se atribuye haber facilitado el contacto entre los implicados.
Los acusados mantienen que la muerte se produjo de forma no premeditada tras frustrarse un robo, rechazando que existiera planificación y atribuyéndolo a un enfrentamiento que acabó con el fallecimiento del médico.
Según su versión, ambos acudieron en la tarde del 23 de agosto a la vivienda, que previamente habrían vigilado, con la intención de cometer únicamente un robo, extremo que ha sido puesto en duda por la familia de la víctima.
Para acceder al inmueble, habrían aprovechado que estaba en venta, presentándose como interesados en adquirirla. El sospechoso habría llamado a la puerta con ese pretexto.
En un momento dado, tras entrar, el investigado habría utilizado un dispositivo eléctrico para inmovilizar al doctor, similar al que posteriormente fue hallado durante los registros.
No obstante, se contempla la posibilidad de que el médico intentara defenderse utilizando un cuchillo, que finalmente habría sido empleado durante un forcejeo en el que recibió varias puñaladas en el cuello y en la zona de los hombros.
Tras la agresión, el agente habría accedido a la vivienda ocultando su identidad para no ser reconocido. Según la investigación, ambos habrían atado a la víctima, que falleció poco después sin que se solicitara asistencia.
Una vez ocurrido el crimen, los implicados habrían intentado eliminar rastros de sangre y otras pruebas, llevándose prendas manchadas y otros objetos relacionados con los hechos.
Posteriormente abandonaron el lugar en un vehículo cercano, transportando una bolsa con los elementos retirados. El cuerpo fue localizado dos días más tarde tras el aviso de un vecino, presentando ataduras y heridas de arma blanca.
Durante la investigación, los agentes localizaron en un local alquilado por uno de los detenidos diversos objetos vinculados al suceso. En registros realizados en distintos puntos también se intervinieron armas, munición y un dispositivo eléctrico, entre otros efectos.
Las pesquisas permitieron concluir que el agente, que no se encontraba en activo, conocía personalmente a la víctima, así como sus hábitos y horarios. Según los investigadores, ambos implicados habrían tomado precauciones para evitar ser identificados antes y después de los hechos.
