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El gobierno tutelará la gestión económica de las CCAA que incumplan el déficit

Lo ha explicado en Noticias Mediodía, el ministro de Hacienda, que confirma además que habrá responsabilidades penales para los gobernantes que gasten por encima de lo que marca el presupuesto.

ondacero.es | Madrid
| 18/01/2012
Cristóbal Montoro en el acto de Málaga

Cristóbal Montoro en el acto de Málaga / EFE

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha sido entrevistado en el informativo Noticias Mediodía. Estas han sido sus declaraciones, a preguntas de la directora y presentadora del programa Elena Gijón:

USTED HA ANUNCIADO QUE HABRÁ RESPONSABILIDARES PARA LOS POLÍTICOS QUE GENEREN DÉFICIT. ¿ESO SIGNIFICA QUE PODRÍAN INCLUSO IR A LA CÁRCEL?

“Eso significa que no se pueden dejar facturas en el cajón, ni a proveedores sin cobrar, porque no hay presupuesto. Lo que significa, en definitiva, es que tenemos que tener una regulación legal en España  comprometida con el equilibrio presupuestario y, por tanto, con los techos  de gasto. Cuando un parlamento o un consejo de gobierno de una comunidad o de una ciudad aprueban un presupuesto a eso hay que atenerse en términos de gestión pública. No hacerlo deber implicar responsabilidades penales, que serán en función de lo que vaya definiéndose por no atenerse a esa regulación. Es un motivo de transparencia y una seguridad en la financiación de nuestro país”.

¿A PARTIR DE QUÉ CUANTÍA PODRÍAN SANCIONARSE?

“Estamos ahora hablando de la primera etapa. Con la ley de estabilidad presupuestaria, trasladar las sanciones que están vigentes en Europa, dentro del eurogrupo, que llamamos gobernanza europea, a nuestro sistema institucional. Esa es la primera fase en término de sanciones. Son sanciones que se refieren a que los incumplimientos de los déficit comprometidos pueden dar lugar a sanciones económicas,  depende de la gravedad de esa desviación y de la reiteración o reincidencia. Luego, esa comunidad autónoma o ese ayuntamiento pueden quedar inhabilitados durante algún tiempo”.

¿EL ESTADO SE HARÁ CARGO DE LA GESTIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO?

“Temporalmente podría ocurrir, igual que ocurre con un país miembro del Euro. Lo que no tiene ningún sentido es que tengamos que atenernos a unas reglas que son comunes en el Euro y luego en nuestro país no apliquemos las mismas reglas. Todos somos corresponsables frente a nuestros socios europeos, frente a los inversores europeos y frente a los ciudadanos. Tenemos que recuperar la confianza de los ciudadanos y recuperar el crédito bancario. Para eso hay que trasladar las regulaciones europeas a nuestra normativa. En eso seremos un país pionero. España será el primer país que lo haga. Eso es mandar un mensaje de confianza, de que nuestro proyecto es el del euro, pero no de cualquier euro. De un euro que está basado en la estabilidad económica, la estabilidad presupuestaria y, por supuesto, en la transparencia en la forma de gestionar las cuentas públicas”.

SI SE IMPONE UNA SANCIÓN, AL FINAL LA VAN A PAGAR LOS CIUDADANOS…

“Al final, si hay una penalización económica en Europa, la soportan los ciudadanos del país. Y de lo que se trata es que haya una reacción política en esa comunidad autónoma o en ese ayuntamiento. La responsabilidad política se juzga en las elecciones. Si un gestor ha hecho un desfalco de las cuentas públicas, tendrá una responsabilidad ante los tribunales. Las sanciones en una parte de nuestro territorio no las van a pagar los ciudadanos del estado de Hamburgo. El presupuesto es de todos y los políticos que tenemos la responsabilidad de gestionar ese presupuesto tenemos que ser muy transparente y comprometidos con el equilibrio presupuestario”.

¿CÓMO SE VA A GARANTIZAR QUE EL DINERO DE LOS CRÉDITOS ICO PARA PAGAR A LOS PROVEEDORES NO SE DESVÍE HACIA OTROS GASTOS?

“Con la Intervención General del Estado, pagar factura a factura. Esto no es darle una comunidad autónoma para que ella se lo gaste en términos de preferencia. Cuando una comunidad presenta unas facturas pendientes de pago será cuando pueda acceder a ese préstamo del ICO. Por tanto, la comprobación está en la propia aplicación de la línea de crédito. La Intervención General del Estado tendrá que testificar que se está llevando adelante y está en condiciones de hacerlo”.