El Gobierno señala a García Castellón. El juez acusado por la vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera de practicar la guerra sucia por mantenerse en que el caso de Tsunami Democrátic y la implicación de Puigdemont debe verse en el Supremo.
El patrón se repite. Si un juez se convierte en molesto para los objetivos políticos del Ejecutivo se le acusa de prevaricar, de ser injusto a sabiendas. Y de paso, de estar al servicio de la derecha.
El Gobierno no sólo se pliega a las exigencias independentistas. Ha sucumbido a ser un peón de sus mensajes y a difundirlos con enorme vehemencia. Puigdemont no sólo dirige la política española. También ha colonizado el pensamiento político del Gobierno.
